El 15 de abril último se publicó en esta misma sección una columna de mi autoría, titulada “Educación para Recuperar la Esperanza de un Futuro Mejor,” en la cual proponía cinco leyes para que el gobierno pudiera tomar la iniciativa frente a la crisis educativa que había heredado. Hoy, la primera de ellas es una realidad: la educación ha sido declarada actividad esencial. El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025, que incluye a la educación de niveles inicial, primario, secundario y especial como servicio esencial. La medida establece la obligación de garantizar una prestación mínima del 75% en caso de huelgas o conflictos laborales.
Como era de esperarse, la decisión generó críticas de los líderes sindicales, quienes sostienen que limita el derecho constitucional a la huelga. Por tal razón, es oportuno exponer algunos de los argumentos que justifican esta valiente medida, la cual habrá de cambiar las posibilidades de vida de muchos niños y jóvenes, víctimas inocentes del accionar de los líderes sindicales.
A diferencia de los sindicatos docentes, los niños y jóvenes no pueden realizar medidas de fuerza para defender sus derechos. Para peor, muchos padres han dejado de prestar atención al nivel de los servicios educativos provistos por las escuelas conforme las mismas se fueron burocratizando y los padres tuvieron cada vez un rol menor.
La evidencia de nuestro país demuestra con contundencia que el hecho que los niños estén en el aula no es garantía de que accedan a educación de excelencia; pero, si ni siquiera tienen clases, no hay posibilidad alguna de ello. ¿Cómo lograr algo aparentemente tan elemental como que los niños puedan concurrir a la escuela? ¿Cómo enfrentar con éxito a sindicatos docentes que apelan al paro indiscriminadamente, sin importarles violar el derecho a la educación de los niños de nuestra patria? Es claro que declarar la educación como una actividad esencial resulta imprescindible.
Cabe recordar que el derecho a la educación se encuentra plasmado en nuestra Constitución Nacional, por ejemplo, implícitamente en el artículo 14, al establecer que todos los habitantes de la Nación gozan de los derechos a enseñar y aprender. Explícitamente, la Constitución también reconoce el derecho del niño a la educación, en su artículo 75, inciso 22, al incorporar la Convención de los Derechos del Niño ¿Quién puede afirmar que en la Argentina hoy se respeta literalmente el artículo 28 de la Convención, en cuanto a que el derecho a la educación debe poder ser ejercido en condiciones de igualdad de oportunidades? ¿Quién puede sostener que un joven que ha asistido a un colegio de gestión pública tiene las mismas oportunidades para desarrollarse, en la sociedad del conocimiento en la que le ha tocado vivir, que un joven que ha concurrido a un colegio de gestión privada, en función de los días de clase perdidos por paros docentes?
Por supuesto, los sindicatos docentes siempre han expresado su rechazo a declarar la educación como un servicio esencial fundándose en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a los que la Argentina adhirió y que tienen rango constitucional y, por ende, jerarquía superior a las leyes. Al respecto, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha establecido que la educación no es un servicio esencial, dado que su interrupción no pondría en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población.
Sin embargo, los paros docentes sí involucran un riesgo de vida para nuestros niños y jóvenes. Su vida futura, especialmente la de aquellos que menos tienen y más necesitan, sería radicalmente distinta de poder cursar sin interrupciones la escolaridad que el Estado tiene la obligación de garantizar.
¿Quién puede realmente creer que los días de clase perdidos por los paros docentes se recuperan en la práctica? Por supuesto, los niños de familias humildes son los más perjudicados, es imposible desconocerlo.
El 14 de agosto de 2024 la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley presentado por el titular de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, que declara a la educación como un servicio estratégico esencial y obliga a las escuelas a abrir los días de paro y contar con una guardia mínima de personal que garantice el derecho a la educación de los niños y adolescentes. Entre otros puntos, el proyecto estipula que el 30% del personal de la escuela deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de la medida de fuerza, para garantizar la continuidad de las clases. Si el paro se prolonga por más de dos días, este porcentaje se incrementará al 50%.
Sin dudas, la aprobación del proyecto constituía un avance, pero era insuficiente para defender el derecho a la educación de los niños y jóvenes que asisten a escuelas de gestión pública, mayormente afectados por los paros docentes.
¿Quién puede imaginarse que un niño que asiste a clases en un establecimiento donde concurriría tan sólo el 30% de los docentes, en medio de un clima enrarecido, puede desarrollar su proceso de aprendizaje con normalidad? Ello no es suficiente para garantizar el derecho a la educación.
Resultaba mucho más apropiado, por ejemplo, el porcentaje de asistencia docente requerido por el DNU del gobierno nacional de diciembre de 2023. El mismo, en su artículo 97, inciso f, definía la educación como uno de los servicios esenciales, y explicitaba que: “en lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso podrá negociar o imponer las partes una cobertura menor al setenta y cinco (75%) de la prestación normal del servicio de que se tratare”. Pero, como es sabido, todo el capítulo laboral quedó frenado por la Justicia y, por ende, nunca llegó a efectivizarse.
El 1° de marzo de 2024, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei expresó: “En una Argentina donde los chicos no saben leer y escribir, no podemos permitir más que Baradel y sus amigos usen a los estudiantes como rehenes para negociar paritarias con los gobiernos provinciales. Por eso, incluimos en el decreto de necesidad y urgencia a la educación como servicio esencial, lo cual le sacará el arma de la mano a los sindicatos y los obligará a prestar al menos un 75% del servicio educativo durante cualquier huelga”.
Es claro que tiene razón. La inclusión de la educación entre los servicios esenciales representa una decisión tan necesaria como impostergable. No resolverá de inmediato todos los problemas de nuestro sistema educativo, pero constituye un paso firme en defensa de quienes no pueden alzar la voz: nuestros niños. Que este primer paso marque el camino, y no tenga marcha atrás.
Miembro de la Academia Nacional de Educación y Rector de la Universidad del CEMA