El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó este martes una audiencia imputativa para cinco policías denunciados agresiones en la comisaría 2ª. Así se confirmó la liberación de algunos de los efectivos detenidos el último fin de semana a pedido de la unidad de Violencia Institucional.
Dos mujeres y tres hombres fueron citados bajo arresto a las 11 de la mañana por el fiscal José Luis Caterina. La presentación se demoró hasta el mediodía y fuentes oficiales aclararon que no había horario de comienzo definido para abordar el caso en el Centro de Justicia Penal.
En principio, la unidad especial de Asuntos Internos de las fuerzas de seguridad provinciales había demorado a siete efectivos en el marco de la causa sobre apremios ilegales. Con el correr de las horas y el avance de la pesquisa se canceló la detención de dos de ellos.
Policías bajo sospecha por agresiones a detenidos
La investigación judicial tomó estado público este lunes a primera hora, el día después de la aprehensión de los uniformados apuntados por la Fiscalía Regional 2. Seis de ellos pertenecen a la Brigada Motorizada y el restante es un cabo de la seccional ubicada en Paraguay al 1100.
De acuerdo a la denuncia del último viernes, los acusados golpearon a internos alojados en celdas transitorias de las dependencias céntricas. Entre las víctimas reportadas se cuenta una persona menor de edad.
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Dentro de las primeras medidas para abordar el caso, Caterina ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de todos empleados involucrados en el episodio. También pidió el acta de las entrevistas a los detenidos que fueron testigos presenciales de las presuntas agresiones.
Por otro lado, el fiscal llamó a declarar al subjefe de la comisaría en busca de ampliar los testimonios referidos a la situación. Además convocó a un médico legista con el objetivo de constatar las lesiones que sufrieron los reclusos en la calle Paraguay.
¿Qué dijo el gobierno sobre los policías detenidos?
Horas después de la confirmación de los arrestos, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe ratificó su «compromiso con la transparencia y la defensa del trabajo de aquellos efectivos que realizan su labor dentro de la ley». Voceros de la cartera anunciaron que todas sus herramientas y recursos están a disposición la Justicia para esclarecer la situación.
En cuanto al contexto de la denuncia, el gobierno provincial recordó que está a punto de terminar la construcción de la Subunidad 4 en el Complejo Penitenciario Rosario. Fuentes oficiales detallaron que faltan días para concluir las obras y esto permitirá vaciar todas las comisarías de la ciudad y el resto del departamento.
El plan del ministerio consiste en reubicar cuanto antes a 288 internos que actualmente están presos en distintas seccionales de la Unidad Regional II. Las nuevas instalaciones tendrán capacidad para albergar a 320 personas en busca de mejorar el trabajo policial.
El proyecto dentro del predio de bulevar 27 de Febrero al 7800 consiste en montar 160 celdas para dos reclusos en cada una. El edificio ocupa unos 3.640 metros cuadrados. A esa superficie se añaden las de patios y áreas recreativas con una inversión que ronda los 8 mil millones de pesos.