La Justicia habilitó el proceso de cram down en el caso Vicentin. Con deudas que superan los u$s1.300 millones y un pasivo posconcursal en alza, el juez Fabián Lorenzini habilitó este viernes el salvataje y determinó que entre el 30 de junio y el 4 de julio se abrirá un registro preliminar para terceros interesados en presentar una oferta de rescate. Será la última instancia para evitar la quiebra de la agroexportadora.
Según el fallo del Juzgado Civil y Comercial de Reconquista a cargo de Lorenzini, la inscripción no requerirá garantía dineraria en esta instancia, pero será excluyente para participar del proceso de concurrencia definitivo.
El documento emitido por el juez destaca la urgencia por la continuidad productiva de la firma: “La crítica situación de caja, la proximidad del vencimiento de los contratos de fazón y los plazos de cosecha y siembra hacen necesario reencausar el salvataje sin demoras”.
La resolución señala que tras la inscripción se fijarán nuevas fechas para audiencias informativas, presentación de valuaciones, plazos de observaciones y obtención de mayorías para una posible propuesta concordataria.
La mirada de la Justicia
La apertura del cramdown ocurre tras la confirmación del rechazo de la homologación del acuerdo preventivo presentado por la empresa, que había sido impugnado por acreedores. Lorenzini destacó la necesidad de mantener operativa la planta industrial y advirtió sobre los “apremiantes montos de deuda posconcursal” que enfrenta Vicentin.
Con el proceso de cram down, la empresa perdió la exclusividad en la presentación de oferta de pagos a los acreedores. Los acreedores ahora podrán elegir la oferta más conveniente de las que se presenten.
Vicentin enfrenta desde 2019 un concurso preventivo por deudas cercanas a u$s1.300 millones y un extenso listado de más de 1.700 acreedores.
Mientras tanto, los interventores designados por el propio Lorenzini, Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg, presentaron recientemente un informe crítico de más de 80 páginas donde describieron un escenario “extremadamente complejo” y advirtieron que “se ha perdido un tiempo precioso”. El documento alertó que la deuda posconcursal ya asciende a u$s30,5 millones, cifra que incluye salarios, servicios, impuestos y pagos a la firma Renova, mientras que el capital de trabajo es negativo en u$s32 millones.
Además, detectaron que aún existen filiales en Uruguay y Europa sin actividad, con fondos en el exterior que podrían repatriarse, y recomendaron cerrar esas sociedades para frenar gastos. También reclamaron reordenar la planta de personal, tras identificar casos de empleados sin tareas asignadas, incluso familiares de exdirectivos y accionistas que siguen cobrando, y suspendieron acuerdos de desvinculación firmados por el anterior directorio, cuyos integrantes están imputados penalmente.