La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General Impositiva, presentó una denuncia penal contra la empresa HLB Pharma Group SA, dedicada a la fabricación de medicamentos, por el presunto delito de evasión tributaria agravada en perjuicio del Estado nacional.
En el marco de diferentes trabajos de fiscalización, ARCA detectó que la empresa había computado créditos fiscales sobre la base de facturas emitidas por proveedores apócrifos, es decir, empresas sin capacidad operativa, económica o financiera real. Las maniobras se habrían desarrollado durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020, con el objetivo de disminuir de manera fraudulenta la carga impositiva.
Según la presentación judicial y como resultado de estas operaciones irregulares, ARCA determinó que la firma evadió el pago del impuesto al valor agregado (IVA) por una suma total de $ 7.222.659,86, correspondientes a $ 3.183.096,12 en el ejercicio 2019 y $ 4.039.563,74 en el ejercicio 2020.
Según detalla el expediente, la propia empresa reconoció la maniobra al manifestar que “los comprobantes de compras ajustados […] fueron incorporados a los efectos de disminuir la carga impositiva”.
La denuncia identifica como posibles responsables del hecho a varios de los principales directivos de HLB Pharma Group SA que ejercían funciones durante el período investigado. Entre ellos se encuentran Olga Luisa Arena, presidenta y administradora de la clave fiscal; Nilda Furfaro, vicepresidenta; y Hugo Orlando Suárez Borello y Damián Roberto García, ambos directores titulares. Todos ellos aparecen vinculados a otras causas penales anteriores, entre ellas la apropiación indebida de recursos de la seguridad social e infracciones aduaneras.
La denuncia fue radicada ante la Justicia Nacional en lo Penal Económico, y solicita que se cite a los involucrados a prestar declaración indagatoria y se los condene con el máximo de la pena prevista por la ley vigente. Esta presentación se suma a otras dos causas ya iniciadas por “apropiación indebida de recursos de la seguridad social” y por infracciones a la Ley 24.769 y la Ley 22.415.