Neuquén y Río Negro lograron más ingresos por regalías, un nuevo canon por el uso del agua, un fondo para obras y trabajos ante eventuales crecidas
12/08/2025 – 19:27hs
Las provincias de Río Negro y Neuquén anunciaron este martes que tras meses de trabajo lograron un acuerdo con el Gobierno nacional sobre el futiro de las represas del Comahue, las que están en un proceso de reprivatización, al cumplirse los 30 años de licencia de operación desde la década del 90.
Los gobiernos provinciales informaron que el acuerdo permite que la energía que producen sus ríos se traduzca en más ingresos, más control y más desarrollo para los habitantes de estas dos jurisdicciones. Y, por primera vez, se consiguió el reconocimiento a los estados provinciales como dueños de sus recursos hídricos.
El nuevo esquema garantiza más ingresos por regalías, un nuevo canon por el uso del agua, la creación de un fondo específico para obras y fija plazos concretos para ejecutar trabajos de seguridad hídrica, que protejan aguas abajo a la población, sus bienes y a la producción ante eventuales crecidas, aseguraron las provincias patagónicas.
«Río Negro y Neuquén plasmamos un acuerdo con el Gobierno Nacional para la licitación de la operación de los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Logramos que se incorporen condiciones reclamadas por nuestras provincias desde hace más de 30 años. El agua es propiedad de los rionegrinos y neuquinos», consignaron los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, en un comunicado conjunto.
«Este es un triunfo de la unidad norpatagónica, un paso decisivo en la defensa de nuestros recursos: nuestros ríos, la energía que producimos y el esfuerzo de nuestra gente. El nuevo marco concesional no solo corrige vacíos históricos, sino que fortalece el rol de las provincias como actores centrales en la gestión de los recursos estratégicos que generamos para el país», agregaron.
Las represas privatizadas durante en la década del 90 tienen las concesiones vencidas para la operación y mantenimiento y se encuentran actualmente en manos de dos grupos extranjeros y dos locales. En el caso de El Chocón, la operación está a cargo del grupo italiano ENEL, el accionista principal de Edesur. En Alicurá, la sociedad controlante es del grupo estadounidense AES. Cerros Colorados pertenece a la firma local Aconcagua Energía; y la operación de Piedra del Águila está a cargo del grupo Central Puerto.
Puntos de acuerdo por las Represas del Comahue
El proceso de relicitación de las represas acaba de obtener una nueva prórroga por parte del Gobierno nacional para proceder hacia fines de año a una nueva concesión a privados. Las demoras se explicaron por los reclamos de las provincias al Gobierno nacional que demandaron meses de negociaciones.
A partir de ese diálogo, Río Negro y Neuquén informaron que se lograron los siguientes acuerdos:
- Precio de la energía en dólares: el valor de la energía vendida a Cammesa se establece en dólares estadounidenses, otorgando mayor previsibilidad a los ingresos provinciales y mejor estabilidad para proyectar inversiones y facilitar financiamientos.
- Porcentaje creciente de energía de libre disponibilidad: los nuevos contratos prevén que las concesionarias dispongan de una proporción cada vez mayor de energía para su comercialización en el mercado, lo que incrementará año a año, de forma directa, los ingresos por regalías hidroeléctricas y cánones que perciben las provincias.
- Regalías sobre el total de ingresos: las regalías se calcularán tomando en cuenta la totalidad de los ingresos de las concesionarias, eliminando las ambigüedades que presentaba el esquema actual e incorporando conceptos de cobro que antes se excluían. Es decir, se incluyen el reconocimiento de la totalidad de los conceptos de ingresos en las liquidaciones (potencia disponibilidad real, potencia base en horas de requerimiento, energía operada y regulación de frecuencia que antes solo se abonaban a los concesionarios).
- Cobro de regalías en especie: las provincias podrán optar por percibir la totalidad de sus regalías en energía eléctrica de forma física, con la posibilidad de destinarla al consumo dentro de la provincia o revenderla en el mercado o promocionar actividades productivas.
- Canon por uso de agua: el mayor éxito logrado es que se incorpora un canon a favor de Río Negro y Neuquén por el uso del recurso hídrico, inexistente en las condiciones actuales, que representará un nuevo e importante ingreso para ambas provincias y su reconocimiento.
- Fondos para obras de protección: un porcentaje de los ingresos que perciba la Nación por la licitación se destinará a obras definidas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) con la intervención y definición de las provincias.
- Obras de seguridad hídrica: se fija un plazo de hasta 24 meses para realizar los estudios técnicos completos que definan las obras necesarias para garantizar la seguridad de las represas ante la máxima crecida probable, asegurando así el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de hace 16 años (2009).
El nuevo proceso de privatización
El viernes el gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto que otorga una nueva prórroga hasta el 31 de diciembre para las concesiones de las represas, que en conjunto representan el 25% de la generación hidroeléctrica del país.
El contrato de concesión original concluyó en 2023, pero el proceso de renovación tiene un atraso de dos años. Las demoras se arrastran de la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía y a partir de la creación de las sociedades anónimas por parte del ex secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo.
La decisión de crear cuatro sociedades anónimas fue lo que impidió realizar directamente una nueva concesión, además de los planteos de Río Negro y Neuquén que querían obtener mayores beneficios argumentando que el agua les corresponde a las provincias.
El modelo de negocios que prevé establecer el área energética del gobierno para las represas del Comahue contempla cambios respecto a las concesiones actuales. El pliego licitatorio que el gobierno tendría listo para reprivatizar por 30 años las centrales contempla que, durante los primeros dos años, un 95% de la energía generada se utilizará para cubrir la demanda prioritaria residencial de energía.
Los nuevos concesionarios recibirán por esa energía un precio diferencial cercano a los 15/20 dólares por MWh. El porcentaje restante, que se irá ampliando en el tiempo, se podrá vender a precio libre. Se espera una compulsa competitiva con participación de varios actores.