A casi quince años del asesinato del militante político del Partido Obrero Mariano Ferreyra, este martes comienza el juicio oral por el intento de sobornos durante la investigación. El Tribunal Oral Federal 8 juzgará a cuatro imputados: a Octavio Aráoz de Lamadrid, ex secretario de la Cámara Nacional de Casación Penal; a Ángel Stafforini, contador de la Unión Ferroviaria (UF) y vicepresidente de Belgrano Cargas; a Susana Planas, directiva de Belgrano Cargas; y a Luis Ameghino Escobar, encargado del sistema informático de asignación de jueces de Comodoro Py.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) representa a la querella de Beatriz Rial, la madre de Mariano, en tanto que el Partido Obrero estará representado en la querella de Claudia Ferrero junto a la Correpi.
«El inicio de este proceso implica que se conozca en un juicio oral cómo funcionan algunas de las tramas de Comodoro Py, de la relación de la justicia federal con sectores de inteligencia, con operadores inorgánicos de inteligencia y de la política con factores de poder, como en este caso la Unión Ferroviaria. Haber llegado después de todos estos años muestra la importancia de sostener desde la familia y desde el CELS la necesidad de que se haga Justicia. Implicó mucho esfuerzo esta investigación. Y costó mucho que la justicia abra el expediente respecto de este intento de soborno, lo mismo que el Consejo de la Magistratura, que no intervino por los jueces y funcionarios judiciales involucrados», aseguró Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS a PERFIL.
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Pocos meses después del crimen de Ferreyra, la jueza Wilma López descubrió un intento de soborno a la Sala III de la Cámara de Casación Penal para favorecer la situación del dirigente gremial José Pedraza, titular de la Unión Ferroviaria y condenado en abril de 2013 a 15 años de prisión por ser responsable del delito de homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa en calidad de partícipes necesarios, junto a su segundo Juan Carlos Fernández. Pedraza estuvo procesado durante la etapa de instrucción de la causa, pero murió en 2018.
El intento de soborno
Mientras se investigaba el crimen de Ferreyra, quien fue asesinado el 10 de octubre de 2010 mientras participaba de una protesta contra la tercerización laboral en los ferrocarriles, parte de los imputados buscaban que la causa recayera en la Sala III de la Cámara de Casación Penal para así garantizar la impunidad de Pedraza. El plan estuvo orquestado entre integrantes de la Unión Ferroviaria, un ex agente de inteligencia, el estudio jurídico de un ex juez federal, empleados judiciales y uno o varios jueces de la Cámara de Casación Penal. Se pagaron al menos 50 mil dólares.
La maniobra, según explicó en un comunicado el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), consistía en digitar el sorteo de la sala de la Cámara de Casación que beneficiaría la situación del sindicalista. El plan se habría dividido en dos etapas: por un lado la manipulación del sorteo, lo que se conoce como forum shopping, del 26 de enero de 2011 —mientras transcurría la feria judicial— para que los recursos quedaran radicados en la Sala III de la Cámara. Y por el otro, se buscaba ejercer una indebida influencia sobre el juez Eduardo Riggi, integrante de dicha Sala y el resto de los miembros del Tribunal.
Esta “segunda etapa” nunca se activó porque los investigadores atraparon a un ex contador de la Unión Ferroviaria (UF) en el momento en que llegaba al estudio del ex juez Octavio Aráoz de Lamadrid con 50.000 dólares. Los billetes estaban dentro de un sobre marrón rotulado “Octavio”. Aráoz de Lamadrid era defensor de uno de los sindicalistas de la UF acusados por el crimen y antes había trabajado en la Cámara de Casación Penal.
Uno de los integrantes de la Sala III de la Cámara de Casación Penal era Eduardo Riggi, a quien el CELS denunció ante el Consejo de la Magistratura y señaló un elemento llamativo: en la agenda telefónica de Pedraza, secuestrada en su casa de Puerto Madero, solo había dos contactos de miembros del Poder Judicial, de más de 400. Y uno era el de Riggi, de quien tenía los teléfonos de la casa, el celular y el laboral.
En marzo de 2016 el juez Norberto Oyarbide lo sobreseyó a Riggi y dos meses después la Sala I de la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento, por lo que no será juzgado en el juicio que comienza este martes. Riggi renunció a su cargo por haber cumplido los 75 años en 2023.
El Tribunal Oral Federal 8, está integrado por Nicolás Toselli, Sabrina Namer y Gabriela López Iñíguez. El fiscal será Marcelo Colombo. Un quinto imputado, Juan José Riquelme, ex agente de la SIDE y señalado como “enlace” entre todas las partes no llegó al juicio, porque falleció días atrás. Habría ofrecido a los dirigentes de la Unión Ferroviaria que la causa tramite en un tribunal “amigo” y que se revoque el procesamiento de Pedraza.
“Durante estos trece años, el proceso judicial tuvo constantes dilaciones, muchas de ellas relacionadas con que los funcionarios judiciales no estaban dispuestos a investigar el tráfico de influencias y cómo opera el poder en Comodoro Py. Decenas de jueces se excusaron. La Corte Suprema tardó tres años en dirimir un conflicto de competencia. El caso está elevado a juicio oral desde 2020, pero pasaron otros cinco años para que pueda realizarse”, denunciaron desde el CELS en un comunicado.
Desde el organismo de Derechos Humanos precisaron a PERFIL que “este juicio llega en un contexto en donde las actividades ilegales de los operadores judiciales y la relación con los servicios de inteligencia siguen en primer plano. Hasta el momento, el poder judicial no parece querer ejercer un control firme ni del gobierno, ni de los espías, ni de ellos mismos. En este juicio, esperamos poner en discusión los pactos opacos que toleran, en el mejor de los casos, y habilitan, en los peores, las prácticas estatales más violentas y contrarias a la vigencia de los derechos”.