En otro duro revés para el oficialismo, el Senado convirtió en ley (por segunda vez) el proyecto de Financiamiento Universitario y la ley de Ley de Emergencia Pediátrica y de Residencias, conocida como Ley Garrahan, que ahora van camino a un nuevo veto presidencial. Además, con más de dos tercios de los votos la oposición unida derogó un paquete de cinco decretos firmados por Javier Milei.
La primera votación de la jornada fue la de los cuatro decretos de facultades delegadas con los que el Gobierno avanzó con el cierre o reestructuración de organismos como Vialidad Nacional, el INTI y el INTA, el Banco Nacional de Datos Genéticos y dependencias de Cultura. En esa tanda también se votó el DNU que desregularizó el régimen de la Marina Mercante y afectó el derecho a huelga.
La derrota fue aplastante para La Libertad Avanza: en las votaciones que más apoyos consiguió apenas arañó los 13 votos. No contó con aliados cercanos -como los mendocinos del gobernador Alfredo Cornejo ni el cordobés Luis Juez– y las bancadas de Unión por la Patria, la UCR y los bloques provinciales se mostraron abroquelados contra los decretos impulsados desde el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger.
La cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) advirtió que quiere que el país avance «pero no a los tumbos ni los hachazos».
Por su parte, el senador kirchnerista Mariano Recalde cuestionó los decretos del Gobierno y fundamentó que al rechazarlos se defiende «la institucionalidad y la división de poderes».
El radical Martín Lousteau advirtió que «la motosierra rompe, no construye», mientras que la larretista Guadalupe Tagliaferri optó por hacer una defensa del INTI como un sello internacional y señaló que eliminar el organismo «es pegarse un tiro en los pies”.
Un dato a tener en cuenta es que el rechazo de los decretos «no es retroactivo» sino que tienen efecto a partir del momento que se efectiviza la derogación, según lo establece la Ley de Trámite Legislativo.
Los decretos derogados por el Senado no llegaron a ser tratados en el ámbito de la bicameral de Trámite Legislativo y fueron rechazados por Diputados tras cumplirse el plazo de 10 días después de haber sido publicados en el Boletín Oficial que exige la Ley de DNU para que puedan ser tratados en el recinto sin despacho.
Ley de Financiamiento Universitario
La segunda votación de la jornada fue la de la Ley de Financiamiento Universitario que obliga al Ejecutivo a actualizar los fondos de gastos de funcionamiento y los sueldos de universitarios tomando como referencia la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley.
Es la segunda vez que se vota esta ley desde el inicio de la gestión de Milei. El año pasado la vetó y el Congreso no consiguió insistir.
Este jueves, la norma se aprobó por 58 votos a favor, 10 en contra y hubo 3 abstenciones.
Además de los siete libertarios, incluido el formoseño Francisco Paoltroni que tiene un monobloque, votaron en contra Carmen Alvarez Rivero y Martín Goerling del PRO , que ya lo habían hecho el año pasado. Pero también la radical santafesina Carolina Losada, quien sorprendió porque la vez anterior había estado a favor de la ley.
No fue el único giro. El salteño aliado de Milei, Juan Carlos Romero, y la chubutense del PRO Andrea Cristina (que responde al gobernador Ignacio Torres) que el año pasado habían votado a favor, esta vez se abstuvieron, al igual que la pampeana del PRO, Victoria Huala.
El jefe del bloque PRO, Alfredo De Angeli , quien el año pasado había votado en contra junto al Gobierno esta vez estuvo ausente.
El debate casi no tuvo cruces políticos y las argumentaciones fueron en su mayoría numéricas. «Bajo el pretexto de la no auditoria se hace un ajuste tremendo q interviene en el funcionamiento de la universidades», se quejó Eduardo «Wado» de Pedro de Unión por la Patria en el arranque del debate.
Su compañero de interbloque Fernando Salino, puntualizó: «En los primeros cinco meses de 2025 el Estado Nacional transfirió a las universidades un 22,5 % menos que en los primeros meses de 2023. En mayo los docentes cobraron un 30 % menos que en noviembre de 2023».
El radical bonaerense Maximiliano Abad, señaló que «el aumento del 7,5% y los bonos anunciados por el Gobierno Nacional para la segunda parte del año son, a todas luces, insuficientes». «Los salarios subieron 111% en el último año y medio, mientras la inflación superó el 146%”, advirtió.
Sobre el final, el jefe de la bancada de La Libertad Avanza aseguró que «la educación pública es una prioridad para este Gobierno» e hizo hincapié en las Universidades «inventadas por el kirchnerismo».
«Cuando llegamos encontramos de 1 de cada 10 niños no sabe leer y 1 de cada 2 no puede comprender textos. La universidad pedagógica tuvo en 2022 apenas 9 egresados. En promedio cada uno costó $484 millones», apuntó.
Y señaló que «la educación se pervirtió durante décadas», que funcionó «como lugar de lavado de cerebros» y que la nueva gestión se dedicó a «sacar ideologías dentro de la educación que venían envenenando la mente de los jóvenes».
La ley de Ley de Emergencia Pediátrica y de Residencias, conocida como Ley Garrahan, fue el último tema en votarse. Se aprobó con 60 votos a favor y 8 en contra: los seis libertarios de LLA, más Francisco Paoltroni y la legisladora cordobesa del PRO, Carmen Álvarez Rivero.
Durante el debate, Álvarez Rivero (PRO) pidió disculpas por sus dichos sobre el Garrahan: «No fue mi intención y estoy dispuesta a reunirme con cada una de esas familias para explicarles el por qué, aunque reconozco q la frase fue muy desafortunada», señaló.
La polémica se encendió cuando en el debate en comisiones Rivero dijo: «No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado”. Más allá de la aclaración, Rivero votó en contra.
Si bien estaba anotado en la lista de oradores para cerrar el debate, el presidente del bloque de LLA, Ezequiel Atauche, no hizo uso de la palabra.