No se pretende aquí contestar si puede repetirse idénticamente un “rocazo” hoy, sino reflexionar sobre qué condiciones sociales, políticas y económicas permitirían –o impedirían– un nuevo estallido obrero y popular de ese tipo. ¿Tiene hoy la provincia de Río Negro las bases para un nuevo rocazo? ¿Qué sujeto social podría protagonizarlo? ¿Y contra qué poder político? Y si se profundiza en el debate: ¿son los “azos” la mejor forma de respuesta obrera y popular a los gobierno capitalistas, o es posible construir una estrategia superadora en este siglo XXI?
Lo inoportuno del rocazo…
Si el Cordobazo de 1969 fue una semi-insurrección obrero popular que puso en jaque al propio aparato represor del estado; es claro que el rocazo fue un episodio menor de la lucha de clases. Pero tuvo la virtud de irrumpir en esa coyuntura de mediados de 1972 para interrumpir (y cuestionar objetivamente) las negociaciones de recambio ordenado entre Lanusse y el General Perón, conocidas como el Gran Acuerdo Nacional.
En su tiempo, el rocazo combinó elementos contradictorios: una revuelta impulsada inicialmente por sectores de la burguesía local (profesionales, empresarios, la Cámara de Comercio) en defensa de su poder regional frente a las reformas impuestas por el interventor Requeijo bajo la dictadura de Lanusse. Fue contradictorio porque esa dirección cívica rápidamente se vio desbordada por sectores obreros, estudiantes, changarines y cuentapropistas, que instalaron piquetes y enfrentaron la represión del ejército al grito de “abajo la dictadura” en una ciudad declarada “zona de emergencia”.
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Antes de comparar ese régimen dictatorial con la actual forma de gobierno signada por un crecientemente autoritario Milei, del cual el gobernador Weretilneck es un importante colaborador, es necesario anticipar también cuál fue en aquel rocazo el sustrato económico, la causa material por la que lucharon las clases sociales; para luego sí compararlo con la actualidad política y económica.
“Frondizismo y después”: la perdida de hegemonía de Roca
Hoy Fiske Menuco (General Roca) ya no ocupa en la provincia el lugar de liderazgo que tenía en los años 70’s. Durante el siglo XX fue el principal centro económico, político y cultural del Alto Valle, motor de la fruticultura, sede del poder judicial, ergo de las clases medias profesionales y bastión del radicalismo provincial. Sin embargo, con el tiempo, distintos gobiernos —desde las administraciones frondicistas de Castello y durante las intervenciones en las dictaduras de Onganía y Lanusse— se impulsó una reorganización territorial y económica que debilitó esa centralidad. Otras ciudades fueron ganando protagonismo a través de inversiones estatales ligadas a distintos negocios de lógica capitalistas desarrollistas: la creación del valle de regadío del IDEVI en Viedma y su posterior designación como capital provincial; el desarrollo del puerto de San Antonio Este; el establecimiento de la mina de hierro con el mega-proyecto de HIPASAM en Sierra Grande; el fortalecimiento de Cipolletti como polo económico vinculado (como hasta la actualidad) a Neuquén.
Toda esa complejización económica de la década previa a los 70’s fueron ubicando a la burguesía chacrera del alto valle, concentrada en el poder político de Fiske Menuco, en una situación de disputa con el poder nacional que propiciaba estas modificaciones provinciales. Entre radicales frondicistas y el “partido militar”, cada uno a su turno, redibujaron el mapa provincial, trasladando la inversión pública-privada, el interés geopolítico y el acceso a recursos estratégicos a otras zonas, en detrimento de Fiske Menuco.
En la actualidad esa complejización de la economía provincial en desmedro del motor de la fruticultura, continúa su rumbo con los megaproyectos extractivistas ligados el RIGI y al oleoducto exportador de shale oil desde Punta Colorada; mientras a su vez se profundiza el perfil “turístico” de ciudades como Bariloche, de proyección nacional e internacional. Si a aquella ciudad “culta” de Fiske Menuco en 1972 le sobraban fuerzas para ser el epicentro de una insubordinación civil contra esos planes, hoy queda más que claro que ya no es el “eje” desde el cual se define el rumbo político de Río Negro, mal que le pese a los Soria. Pero aún así conserva un peso estratégico para la provincia: los herederos del “rocazo” viven en una condición asalariada mucho más extendida en todo el alto valle y un movimiento estudiantil mucho más poderoso que en los 70’s.
Weretilneck no es Requeijo, pero está desgastado
A diferencia de los 70’s, hoy no gobierna una dictadura a nivel nacional ni existe una intervención militar provincial. Pero los sectores empresariales están entrelazados con los intereses de los grandes partidos (JSRN, LLA, PJ, UCR, PRO) y del capital extranjero de un modo mucho más profundo. Los medios de comunicación como el diario Río Negro, que entonces formaba parte de los núcleos de ese poder local que resistía los cambios dictatoriales, hoy está completamente integrado al consenso extractivista propiciado por Milei, Weretilneck y del cual el PJ es parte defensora con el oleoducto, el GNL, Mekorot y el plan minero en la meseta, derogación de la ley anti-cianuro mediante.
El antiguo predominio de la fruticultura rionegrina fue reemplazado por un modelo combinado, con fuerte crecimiento del sector servicios (comercio, turismo, administración pública,logística) y una dependencia creciente del capital transnacional. En ese marco, la clase trabajadora asalariada creció en número y peso social, desde los hospitales públicos hasta los obreros rurales que, siendo menos, están mucho más concentrados que antes; desde los petroleros del Alto Valle hasta las y los docentes que son un actor central de la clase trabajadora provincial; y a lo que hay que sumar el creciente peso de trabajadores municipales de las ciudades mas grandes así como un movimiento estudiantil más desarrollado y muy hermanado con las experiencias neuquinas.
Todas estas coordenadas explican en parte el creciente autoritarismo de Weretilneck, quien ya lleva en el gobierno provincial casi 15 años ininterrumpidos. Se trata de un gobernador que heredó las formas políticas de dominación que impusiera por 28 años consecutivos el radicalismo pero sin su ligazón estructural con unas burguesías locales-regionales que perdieron mucho más peso en relación con las empresas multinacionales y también en relación con la clase trabajadora. En ese marco, Weretilneck se demuestra contra la clase trabajadora como un gerente de empresa multinacional, y es por ello que su gestión está cada vez más signada por el control autoritario de todos los derechos de la clase trabajadora estatal de la provincia. Quiere dar el ejemplo y motivar así nuevas “inversiones” extranjeras.
El rol del peronismo ayer y hoy
Durante la década del ’70, mientras se desarrollaba el rocazo, el peronismo jugó un rol de contención. Como se mencionara, en pleno proceso de apertura negociada con la dictadura de Lanusse, la dirigencia peronista estaba embarcada en el llamado Gran Acuerdo Nacional para facilitar el retorno de Perón y garantizar una transición bajo control. Esa estrategia llevaba a los sindicatos a no alentar acciones independientes, sino a sostener el orden hasta que la salida electoral se concretara. Así, la clase obrera organizada quedó subordinada a un proyecto que pactaba con la dictadura.
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Cincuenta años después, el peronismo vuelve a ocupar un rol clave como garante del orden y del ajuste, aunque en condiciones distintas. En Río Negro, el PJ ha sido funcional a todos los gobiernos provinciales, desde la co-gobernabilidad con Juntos Somos Río Negro vía la boleta electoral compartida en 2023 hasta el respaldo parlamentario a proyectos como el Plan Castello o las leyes de entrega territorial al capital extranjero, como fuera el triste y celebrado acuerdo de Wado de Pedro (y Arabela Carreras) con la empresa sionista Mekorot, impulsora del genocidio en Palestina.
A nivel nacional, los gobiernos kirchneristas y luego la gestión de Alberto Fernández no sólo validaron esa orientación, sino que la profundizaron con acuerdos con el FMI, impulso al extractivismo y represión al pueblo mapuche.
Hoy, los sectores más golpeados por el ajuste y el saqueo no encontrarán en el peronismo ningún aliado. Muy por el contrario: cualquier nueva forma de rocazo, si ha de surgir, necesariamente chocará con el poder del peronismo en todas sus variantes. Porque ya no sólo administra la crisis, sino que la reproduce y profundiza.
No hay condiciones para que se repita un rocazo tal como fue en 1972, ni en su forma ni en sus protagonistas. Aquel estallido fue un conflicto territorial, que puso en jaque al Estado desde una ciudad que defendía su lugar en el orden provincial. Hoy, cualquier levantamiento con esas características no vendría de la mano de los poderes locales, sino de los sectores que sufren el ajuste, el endeudamiento y la ofensiva extractiva. Vendría desde abajo…
La clase obrera rionegrina ha protagonizado importantes conflictos en los últimos años: huelgas docentes contra el gobierno de Arabela Carreras; paros hospitalarios y el desarrollo de la lucha de autoconvocados de 2024; tomas de tierras extendidas a las 4 principales ciudades en la salida de la pandemia; cortes de rutas nacionales por parte de peones de los pools cebolleros en la costa atlántica o de la fruticultura en alto valle. Junto a ellos, las comunidades mapuche resisten la represión y el hostigamiento permanente del estado y las bandas para-estatales ligadas a empresarios; el movimiento de mujeres y la juventud estudiantil también han tenido un rol activo en diferente momentos de estos últimos años. Las condiciones para una respuesta social ante el poder están vivas, aunque claro está, menos concentradas en Fiske y sí más extendidas en las ciudades y localidades.
Las condiciones actuales, marcadas por la crisis social, la deuda del Plan Castello aún existente, la subordinación nacional al FMI y los negocios de saqueo imperialista, abren una nueva etapa en la que se combinan “bonos petroleros” con un ajuste marcado contra las grandes mayorías.
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Un rocazo aggiornado a los momentos actuales, si ha de venir, no podrá repetir las formas del pasado pero puede heredar su contenido más profundo: la desobediencia civil, la movilización desde abajo y la ruptura con los pactos en las alturas del poder. Puede que no haya una repetición mecánica de un “azo” en una ciudad específica contra los designios de una dictadura militar, pero sí puede desarrollarse un movimiento social y político de la clase trabajadora y el pueblo pobre contra el régimen político actual que tiene al peronismo totalmente integrado.
Si se aceptara esta hipótesis de desarrollo de una lucha de clases más generalizada y extendida en la provincia, aún faltaría que esa supuesta chispa se convierta en fuego. Para las condiciones actuales de lucha hace falta algo que en 1972 tampoco estuvo: una herramienta política de la clase trabajadora independiente de todas las variantes burguesas, con la capacidad de imponerle a las burocracias sindicales y estudiantiles el frente único de masas articulando las múltiples luchas que hoy laten potencialmente en la provincia. Esa es la tarea estratégica vital.