El Senado debate sobre el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad que asigna más recursos para el área, justo cuando resuenan en el ambiente político los audios sobre presuntas coimas en ese sector del Gobierno. La sesión está atravesada por ese escándalo y la oposición ya tiene la mayoría de dos tercios para rechazar la medida del líder libertario.
Sin la presencia de Victoria Villarruel debido al viaje de Milei a Estados Unidos, el oficialista Bartolomé Abdala se puso al frente de la sesión cuando el bloque Unión por la Patria y senadores de la UCR y bloques provinciales alcanzaron el quórum con 39 presencias.
Todo indica que la ley de emergencia en discapacidad volverá a entrar en vigencia, es decir, que el veto del Presidente será rechazado. Los senadores de La Libertad Avanza bajaron al recinto resignados a sufrir una nueva derrota, mientras incluso el sector de la UCR más cercano al Gobierno anticipaba que «la gran mayoría» de ellos ratificarían la ley.
El veto ya fue rechazado por la Cámara de Diputados el 20 de agosto pasado por abrumadora mayoría y el escenario del Senado en realidad quedó planteado el día que se aprobó la ley, con unanimidad de 56 votos. Este jueves se necesitaba una mayoría de dos tercios para poner el tema en debate y se superó ampliamente con 68 senadores a favor y solo 8 en contra, le que deja prácticamente allanado para que la oposición sepulte el veto.
El Senado define la ley de discapacidad: qué hará Milei y cuál es el real impacto del rechazo al veto
Milei queda atado de manos frente al rechazo. Cuando el Congreso insiste en una ley que ya fue vetada el Poder Ejecutivo no tiene más opción que promulgarla. Todas las instancias quedan agotadas. Sin embargo, el Gobierno evalúa judicializarla para no tener que cumplirla.
El Presidente ya había adelantado el mes pasado que si el Congreso le rechazaba un veto recurriría a la Justicia para que la ley en cuestión no tenga «efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero». Según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la declaración de emergencia en discapacidad tiene un impacto de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
Para el oficialismo, esto es suficiente como para oponerse por todas las vías posibles. No obstante, el impacto de la nueva derrota parlamentaria que sufriría Milei trasciende el aspecto fiscal porque exhibe como nunca la debilidad política que padece al oficialismo hace varias semanas: sería la primera vez que no consiguen sostener un veto en el Congreso.
A ello se le suma el volumen histórico del revés que le propina el Senado, dado será la primera vez en 22 años que el Congreso desactiva un veto presidencial. La última fue en 2003 y ni siquiera fue un veto total sino uno parcial, sobre el Presupuesto de ese año.
Además, la insistencia en esta ley mantiene en el centro del debate público el escándalo sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que se destapó con los audios de Diego Spagnuolo, extitular de esa dependencia que reveló un presunto esquema de cobro de coimas en la compra de medicamentos y contratación de servicios en el área.
Justo en momentos en que el Gobierno busca correr el foco para minimizar el impacto del caso en las elecciones bonaerenses del domingo y en las nacionales de octubre, el debate de los senadores estuvo atravesado por este caso y unificó todavía más a los distintos sectores de la oposición para rechazar al veto sin importar lo que intente hace el Ejecutivo después.
El escándalo de las supuestas coimas en la ANDIS: cómo se metió en el debate del Senado
La voluntad de rechazar abarcó a casi todos los bloques y el caso Spagnuolo se metió en los argumentos que dieron muchos de ellos durante el debate, incluidos algunos que en otras ocasiones acompañaron como aliados a La Libertad Avanza.
Tal fue el caso del catamarqueño Guillermo Andrada (Unión por la Patria), quien señaló que «la discapacidad no es una planilla, no son números, son derechos», y remató: «Lo que pensábamos que era una cuestión de eficiencia fiscal está apareciendo como una matriz de corrupción. Esto no es eficiencia, es crueldad».
La rionegrina Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) justificó su rechazo al veto de Milei de forma similar: «La transparencia fue vulnerada por la denuncia de corrupción en la voz de quien era el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (…) Lo que tenemos que hacer es rechazar el veto y garantizar la ley».
En el marco de la sesión, el radical porteño Martín Lousteau también vinculó la emergencia en discapacidad con el escándalo, al señalar que «el que paga coima está vendiendo con sobreprecios» y «en la ANDIS se compraron medicamentos con sobreprecios del 28%». Además, remarcó que la droguería Suizo Argentina, que está «acusada de pagar las coimas, multiplicó por 31 veces sus ventas al Estado».
Los discursos más duros, lógicamente, fueron del kirchnerismo. Entre ellos estuvo el de la fueguina Cándida López, quien disparó: «Que la plata vaya a los discapacitados y no al bolsillo de la coimera de Karina Milei o de los Menem».
Qué dice la ley de emergencia en discapacidad
Entre sus puntos principales, la ley apunta a fortalecer el financiamiento de las pensiones no contributivas por discapacidad y establece que podrán acceder a este beneficio quienes tengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD), no presenten ingresos superiores a dos salarios mínimos y pasen una evaluación socioeconómica. La asignación será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y será compatible con empleo registrado.
Además, establece una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, que agrupa a escuelas, hogares, terapeutas y transportistas y reclama hace tiempo por un atraso en los valores abonados. Frente a ello, la ley de emergencia ordena además una actualización mensual automática de aranceles, ajustada por el IPC.
El informe de la OPC indica el número de beneficiarios por nuevas altas podría aumentar a 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios. Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre $1.8 y $3.6 millones. En tanto, la compensación de emergencia a prestadores demandaría $278 mil millones y la asignación para talleres de producción (otro aspecto de la ley) unos $7 mil millones.
El argumento que evalúa presentar el Gobierno ante la Justicia para frenar o al menos demorar la aplicación de la nueva norma y cuidar así el «equilibrio fiscal» que obsesiona a Milei es que se viola la Ley de Administración Financiera, la cual señala que «toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos» para su financiamiento.
De cualquier forma, el rechazo del Senado al veto de Javier Milei sobre la ley de emergencia en discapacidad representa un golpe que pasa a través de la discusión fiscal y de las maniobras judiciales y llega al punto más doloroso para el Gobierno: el escándalo de los audios y la debilidad parlamentaria que le genera hace tiempo una derrota tras otra.