A fines del año último, la Legislatura mendocina aprobó una ley que habilita a multar a los adultos responsables por acoso (bullying) realizado por menores a su cargo, pudiendo también ser sancionados con la realización de tareas educativas y comunitarias.
La ley establece también las instancias de actuación por cumplir respecto de la intervención de la escuela y el acompañamiento de equipos interdisciplinarios.
Una vez que la escuela envía una notificación por este tipo de situaciones, el padre o tutor debe cumplir con las medidas tendientes a evitar la reiteración o reparar el daño. Si no coopera o inclumple lo dispuesto -es bastante frecuente que no concurran a las convocatorias- se habilita entonces la intervención del Juzgado Contravencional. “Se considerará una contravención la omisión del deber de vigilancia y cuidado por parte de los padres, tutores o cualquier persona que ejerza la responsabilidad parental, cuando un niño o adolescente a su cargo cometa actos de acoso escolar que causen daño físico, psicológico o emocional a otro menor en el ámbito educativo o social”, fija la norma.
Las multas oscilan entre los 750.000 pesos y 1.500.000 de pesos a valores de enero y el producido se destinará a un fondo provincial para la prevención y asistencia de víctimas de acoso escolar y a bibliotecas populares. La penalidad se incrementa, incluso al doble, cuando se trata de reincidentes, candidatos también a asistir a talleres de parentalidad o terapia familiar.
En una tendencia nacional que preocupa, vienen siendo tristemente numerosos los episodios de violencia escolar también en la provincia cuyana. Entre los más resonantes se encuentra el de la niña de 14 años, supuesta víctima de bullying, que se atrincheró en una escuela y realizó disparos con un arma, lo que evidentemente aceleró la aprobacion de la ley.
El ministro de Educación mendocino, Tadeo García Zalazar, explicó que no alcanza con la prevención en la materia: “El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima, que deja marcas profundas (…) Necesitamos familias presentes y responsables”, expresó al destacar que resulta casi una obviedad que la educación proviene principalmente del hogar. Por otra parte, alertó respecto de que en el 90% de los casos reportados se trata de hostigamiento psicológico y no físico, un acoso que se traslada y potencia en las redes.
No faltaron detractores. Señalan que no corresponde castigar a los padres sino que mejor convertirlos en aliados activos para evitar el bullying. Un fallo inédito previo a la sanción de la norma había condenado a la Dirección General de Escuelas mendocina a pagar cuatro millones y medio de pesos a los padres de una niña de 11 años que había sido víctima de bullying en una escuela pública de Godoy Cruz. El precedente, que fija la responsabilidad estatal en materia de acoso escolar, es de destacar.
Con siete de cada diez niños víctimas de alguna forma de acoso escolar, nuestro país se ubica entre los primeros cinco a nivel mundial, con marcado crecimiento pospandemia. El 77% se da en el ámbito escolar, pudiendo asumir formas verbales y físicas, psicológicas, de exclusión o cyberbulling, entre otras.
Es demasiado habitual que los chicos no hablen de estas cosas con nadie y atraviesen solos un alto nivel de sufrimiento con potenciales consecuencias graves para su salud mental. No solo la escuela debe generar espacios participativos de reflexión: el hogar es clave para aprender conductas de socialización y conductas respetuosas entre pares en un marco de valores. Promover la charla sobre estas cuestiones, alentándolos a que se animen a pedir ayuda, contribuirá a que más jóvenes puedan salir de las encerronas de silencio en las que permanecen atrapados.