La doctora en Derecho María Eloísa Quintero analizó las dinámicas del crimen organizado y planteó que los jóvenes reclutados bajo coerción para actividades ilícitas deben ser considerados víctimas de explotación.
María Eloísa Quintero, doctora en Derecho y especialista en el estudio del narcotráfico como actividad criminal, analizó el impacto de este fenómeno en los sectores más vulnerables. En una entrevista, la jurista e investigadora señaló que, a nivel mundial, el narcotráfico ya no opera en un submundo, sino como un actor comercial ilícito que se mezcla en mercados lícitos, públicos y privados.
«Hay dos formas de luchar contra el crimen organizado. Una lucha frontal, que quiere meter a todo el mundo preso. Y hay otra, que trata de llevar a todo el sector que está en la zona gris al marco del Estado de derecho y la legalidad», explicó Quintero. Agregó que todo negocio ilícito es, ante todo, un negocio, y donde hay oportunidad e intereses, participan diversos actores sociales.
Desde este paradigma, la especialista planteó la necesidad de abordar la realidad de los denominados «soldaditos del narco» como un hecho de trata de personas. Se refirió específicamente a «los menores introducidos en las pandillas», quienes son captados «no de manera voluntaria, sino bajo coerción y presión», en un contexto social con falta de opciones, libertad y marcado por la violencia.
«Los menores captados para ser soldaditos configuran explotación para delinquir; eso es trata de personas», fundamentó Quintero. Esta perspectiva permite observar a tales menores «primero como víctimas y, luego, como victimarios».
María Eloísa Quintero integra además la Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas en Venezuela, encargada de evaluar denuncias sobre violaciones a derechos humanos en ese país. En ese marco, mencionó la persistencia de hechos como torturas, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y privaciones ilegítimas de la libertad, los cuales, según indicó, se han mantenido de manera sistemática.