En el último día del plazo, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante el máximo tribunal para no aplicar los aumentos salariales y de becas dispuestos por el Congreso, argumentando razones de equilibrio fiscal.
El conflicto en torno a la ley de financiamiento universitario pasará a una instancia judicial superior. El gobierno nacional presentó este viernes un recurso extraordinario ante la Corte Suprema con el objetivo de mantener la suspensión de la normativa promulgada en octubre. En lugar de aplicar el aumento de salarios y becas aprobado por el Congreso, el Poder Ejecutivo decidió acudir al máximo tribunal.
El ajuste, convalidado por un fallo dictado en diciembre y una resolución posterior del 31 de marzo, implica la implementación de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, con un costo aproximado de 2,5 billones de pesos. El gobierno sostiene que busca mantener la suspensión de este incremento para garantizar el equilibrio fiscal, a pesar del reclamo de rectores, estudiantes y representantes de fuerzas políticas.
Cuando el Congreso aprobó el proyecto y dejó sin efecto el veto posterior del presidente Javier Milei, el decreto 759/2025 dispuso la suspensión de la actualización de haberes hasta que se determinara el origen de los fondos necesarios. En ese momento, la iniciativa requería un desembolso de un billón y 69 mil millones de pesos, monto que creció posteriormente debido a la inflación y al atraso salarial.
Tras dos fallos adversos, el gobierno no solo recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para prevenir el déficit fiscal, sino que también mantiene la expectativa de reformar una normativa que aún no entró en vigencia para adecuarla a su plan económico.
Por otro lado, el Consejo Universitario Nacional (CIN) no encontró forma de dialogar con el Poder Ejecutivo para resolver el conflicto. Tras la vigilia de 24 horas en facultades públicas de todo el país, el presidente del organismo, Franco Bartolacci, confirmó que el próximo paso es la convocatoria a una nueva marcha federal para exigir el cumplimiento de la ley.
Recientemente, los rectores presentaron un informe alarmante sobre la situación del sistema de educación pública de nivel superior. Entre otros datos, señalaron que el poder adquisitivo del personal educativo cayó un 32% desde noviembre de 2023 y que los salarios están en el nivel más bajo de los últimos 23 años.