Mientras se aguarda el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el Ejecutivo dispuso un incremento salarial para abril que los gremios consideran muy por debajo de la inflación. Rectores y sindicatos denuncian una estrategia dilatoria.
El Gobierno nacional estableció, mediante un instructivo de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, un aumento salarial del 1,7% para docentes y no docentes universitarios correspondiente al mes de abril. La medida se adoptó sin consulta paritaria y en un contexto donde continúa pendiente el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795.
Desde la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) calificaron la cifra como «muy por debajo del índice inflacionario», en referencia al 36,4% de inflación registrado en marzo. El Frente Sindical de las Universidades Nacionales advirtió que la obligación del Ejecutivo de convocar a negociación paritaria y recomponer salarios acorde a la inflación «se encuentra vencida e incumplida».
El conflicto judicial también se profundizó. Luego de que la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenara el cumplimiento inmediato de artículos clave de la ley, la Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Este recurso, presentado a horas de vencer un plazo para transferir fondos, busca frenar la aplicación de la norma e incluye una solicitud de excusación de los magistrados por su condición de docentes universitarios.
La Universidad Nacional de Rosario (UNR), en un comunicado, consideró que esta acción «constituye una estrategia dilatoria que busca postergar el cumplimiento efectivo de la ley». Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) señaló que los fondos para gastos operativos sufrieron un recorte cercano al 45% en los últimos dos años, lo que limita actividades académicas y de investigación en todo el país.
Los gremios estiman que la pérdida salarial acumula 17 meses consecutivos. Enfatizan que, en términos de poder adquisitivo, el retroceso sería de 141 puntos, llevándolo a niveles similares a los de 2002. Ante esta situación, rectores, gremios y estudiantes anticiparon una nueva Marcha Federal en defensa de la universidad pública.