El diario Ámbito Financiero interpuso este viernes un recurso de amparo para revertir la prohibición de ingreso a todos los periodistas acreditados en Casa Rosada, medida adoptada por el Gobierno de Javier Milei.
El gobierno del presidente Javier Milei decidió, por primera vez desde el regreso de la democracia, prohibir el ingreso de todos los periodistas acreditados en la Casa Rosada. La justificación oficial es que la filmación de un equipo de TN mostrando pasillos e interior del edificio «ponía en peligro la seguridad nacional».
El diario Ámbito Financiero interpuso este viernes ante la Justicia el primer amparo contra la medida. El escrito está firmado por las empresas NEFIR S.A. y Editorial Amfin S.A., como responsables del diario, solicitando que se obligue al Gobierno a levantar inmediatamente el bloqueo de sus periodistas, Liliana Franco y Cecilia Camarano, a la Casa Rosada.
El texto afirma que su expulsión vulnera «derechos constitucionales básicos como el acceso a la información pública y la libertad de expresión». El Gobierno dio de baja los ingresos con huella digital de todos los cronistas acreditados y retiró sus permisos el pasado jueves, cesando toda actividad en la sala de prensa presidencial.
El Ejecutivo adujo «una medida de seguridad nacional» relacionada con una denuncia penal de la Casa Militar por supuesto espionaje ilegal contra periodistas de TN que habrían filmado con lentes inteligentes en la Rosada, sin permiso oficial, zonas comunes del edificio.
Antes de esta restricción, el Gobierno había prohibido el ingreso a varios acreditados invocando una publicación de Chequeado que acusaba a varios medios de publicar notas «financiadas por Rusia», acusación que luego se diluyó por falta de pruebas.
La generalización de la sanción es uno de los puntos principales del planteo judicial presentado por Ámbito. El medio afirma que, aun suponiendo una conducta irregular individual (bajo investigación judicial), no es razonable aplicar la medida a periodistas y medios no denunciados. El amparo apunta a la desproporción de la restricción y a la falta de una resolución judicial que la avale.
En paralelo, diputados de la oposición exigieron explicaciones formales al Gobierno y adelantaron que podrían activar la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja. Organizaciones periodísticas y sindicatos del sector también manifestaron su reproche.
Desde el Ejecutivo insisten en que se trata de una medida de seguridad. Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), funcionarios cercanos a la Casa Rosada señalaron que «la restricción de ingreso no implica censura porque es una medida transitoria», mientras los expertos revisan cámaras, pasillos y sistemas internos. La prohibición lleva la firma de la Secretaría de Prensa a cargo de Javier Lanari.