Especialistas y docentes de la UNR reclamaron la plena aplicación de la ley vigente y aseguraron que la realidad es la contracara de la reforma ingresada al Congreso nacional.
La reforma de la ley nacional de salud mental que el gobierno propuso en el Congreso generó un amplio debate. Distintos especialistas de Rosario trazaron un panorama sobre la precariedad de los dispositivos, los índices preocupantes en torno a suicidios y violencia como consecuencia de «una realidad que enferma» ante un Estado ausente en políticas públicas.
El Ejecutivo nacional presentó un proyecto en el cual pretende modificar el concepto de «padecimiento mental» por «trastorno mental», fortalecer el rol del psiquiatra en las internaciones y habilitar las instituciones monovalentes (a contramano de lo que establece la normativa sancionada en 2010), conocidas como manicomios, y revisar los criterios de «internación involuntaria».
En declaraciones a La Capital, el director del Observatorio de Salud Mental y Adicciones (Osma) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Ignacio Saenz, aseguró que «la ley vigente no es el problema». Luego, explicó: «Por el contrario, constituye una de las normativas más avanzadas en materia de salud mental en la región al haber consolidado un enfoque basado en derechos humanos, interdisciplina y atención comunitaria».
El especialista sostuvo que el enfoque no surge de una única disciplina ni de una decisión aislada, sino de una construcción histórica del campo de la salud mental en Argentina. Allí confluyen aportes de la psicología, la psiquiatría, el trabajo social, la enfermería y otras disciplinas, reconociendo que el padecimiento subjetivo es un fenómeno complejo que no puede ser abordado de manera unilateral.
«El sistema de salud mental no alcanzó el piso presupuestario del 10 % del total de salud establecido por la propia ley, tal como lo dispone su artículo 32. Este incumplimiento no es un dato menor ni meramente técnico: expresa una definición política sostenida en el tiempo. La ausencia de ese financiamiento impacta directamente en la posibilidad de desarrollar dispositivos comunitarios, sostener equipos interdisciplinarios y garantizar accesibilidad real a la atención», precisó Saenz, doctor en Psicología y docente de la carrera homónima en la UNR y la UAI.
Saenz precisó que el gobierno nacional plantea la necesidad de introducir cambios en el régimen vigente al argumentar criterios de mayor eficacia en la toma de decisiones clínicas, ampliar la noción de riesgo y reforzar el rol de la autoridad médica en los equipos de salud mental.
«Quince provincias argentinas coinciden en sostener una postura común: respaldar la ley vigente y advertir que una reforma en este contexto no aborda el problema central del sistema, particularmente en lo referido al financiamiento, la falta de dispositivos territoriales y la insuficiencia de recursos humanos», sentenció el psicólogo al describir que son las provincias las que gestionan el sistema de salud mental y enfrentan la demanda creciente.
En la misma línea, el director del Osma recordó que la Asociación de Unidades Académicas de Psicología (Auapsi), que nuclea a las carreras de Psicología de universidades públicas de todo el país, sostuvo que la reforma propuesta «no constituye un ajuste técnico sino un cambio de paradigma al alterar el equilibrio interdisciplinario y desplazar el eje hacia una lógica centrada en la autoridad médica y el riesgo».
De manera coincidente, en la Facultad de Psicología de la UNR advierten que estas modificaciones desnaturalizan el concepto de interdisciplina, transformándolo en una estructura jerárquica que debilita la horizontalidad de saberes que la ley vigente había consolidado. «Esto implica un cambio profundo: se facilita la internación y se debilitan las garantías. Desde esta perspectiva, el problema no es que la ley limite la clínica, sino que protege derechos en un área particularmente sensible. Otro punto relevante es la exigencia de incorporar de manera obligatoria la figura del psiquiatra en todos los equipos. El proyecto del gobierno nacional plantea esta obligatoriedad como una garantía de calidad en la atención», alertó Paula Sagué.
En esa línea, la psicóloga, docente y miembro de la organización universitaria La Masotta advirtió: «Estamos realmente ante una crisis de salud mental. Todos los indicadores, tales como suicidios, consumos problemáticos, violencia generan alarma producto de este contexto actual que enferma, ya que los equipos de salud no dan abasto mientras Nación asfixia a las provincias con recorte de presupuesto y personal como ocurre con la Sedronar y el programa de salud sexual y reproductiva, que lo tuvo que cubrir Santa Fe en su totalidad».
En ese marco, la especialista exigió la plena aplicación de la ley vigente y mayor inversión en el sistema de salud mental.