El penalista rosarino analizó en una entrevista las restricciones a la defensa, la confidencialidad bajo asedio y las arbitrariedades en el sistema penal santafesino.
En un contexto de alta sensibilidad social, el sistema penal santafesino atraviesa cambios donde las nuevas políticas de seguridad han comenzado a erosionar garantías fundamentales. El abogado penalista Ezequiel Torres, con una trayectoria que incluye defensas de alto perfil como la familia Laferrara en la causa de Esteban Lindor Alvarado o a referentes de la banda de Los Monos, dio una radiografía sobre el ejercicio del derecho en la actualidad rosarina.
El derecho a la defensa y la restricción
Para Torres, el escenario para los abogados penalistas en Rosario se ha vuelto cada vez más restrictivo. El concepto de «defensa efectiva» previsto por la Constitución Nacional se ha debilitado frente a nuevas políticas que parecen ignorar la presunción de inocencia. «Si vos me decís qué ciudad es la más complicada para trabajar, te diría que esta. Rosario se ha vuelto una ciudad donde representar a algunas personas vinculadas por ahí por la calificación legal no significa que sea responsable por ese hecho, porque está el proceso, que son todas las garantías que prevé la Constitución».
Este clima ha llevado a que diversos estudios jurídicos realicen presentaciones formales ante la Justicia. A finales de abril, un grupo de abogados penalistas presentó un habeas corpus colectivo por una disposición del Servicio Penitenciario que exige informar datos extra al visitar a un detenido, lo que calificaron como un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención.
Aislamiento del abogado y el cliente
Torres describió cómo el contacto con los defendidos en unidades penitenciarias como Piñero o Coronda pasó de controles normales a barreras físicas y tecnológicas que impiden el trabajo confidencial. «Hace uno o dos meses atrás ya se limitó y ya no podemos ni siquiera hablar más a través del blindex; es por teléfono, lo cual genera un cierto temor fundado de estar siendo grabado que viola los principios básicos, que es la confidencialidad entre el abogado y cliente».
La mano dura, tendencia política global
Consultado sobre el endurecimiento de las condiciones y proyectos como la Unidad Penitenciaria Nº 8 de Piñero para presos de alto perfil, Torres enmarcó la situación local en un fenómeno global. «Lo que veo como defensor es que es una cuestión política a nivel mundial. Esto lo que implementó Nayib Bukele, presidente de El Salvador, es un régimen de campañas políticas que muchas veces cuando hay problemas económicos o sociales diciendo: ‘Bueno, estamos trabajando bien, ha bajado la inseguridad’».
Paradoja de penas: Ley 23.737 vs. microtráfico provincial
Torres profundizó en la «gran arbitrariedad» que supone la aplicación de la ley 14.239 conocida como Microtráfico en Santa Fe frente a la Ley Nacional de Estupefacientes. Explicó que, mientras el narcotráfico federal bajo el artículo 5 C prevé una escala de 4 a 15 años de prisión, la ley de microtráfico mantiene exactamente la misma severidad penal. «Una persona que vende 10 kilos de cocaína puede cerrar un juicio abreviado con 4 años de prisión. Una persona que lo agarran vendiendo 2 gramos de cocaína para autobastecerse del consumo problemático que tiene, el mínimo son 4 años».
Arbitrariedades en la ejecución penal
Torres también habló sobre la nueva Cámara de Ejecución Penal y los cambios en las calificaciones de conducta de los internos. «Personas con conducta ejemplar, sin haber cometido ninguna falta ni pelea, de un día para otro pasaron a tener calificación ‘pésima’ sin fundamento alguno y quitándoles el acceso a salidas transitorias o libertad condicional».
Investigaciones al entorno
El abogado también marcó como una ilegalidad el seguimiento que el Estado realiza sobre los entornos afectivos de los presos de alto perfil. «La visita de algunos de los familiares genera automáticamente investigaciones sobre las personas que los van a ver, siendo pareja, amigos, conocidos, genera allanamientos, intervenciones, seguimiento. Eso es inconstitucional».