Una legisladora de Río Negro presentó una denuncia para investigar a funcionarios del gabinete de Javier Milei que habrían firmado un acuerdo conciliatorio con la empresa del magnate británico, cerrando una causa por la compra de 12 mil hectáreas.
Una legisladora provincial de Río Negro presentó una denuncia para reabrir una investigación contra funcionarios del gabinete de Javier Milei que firmaron un acuerdo conciliatorio secreto con la empresa Hidden Lake, del magnate inglés Joe Lewis. Por medio de ese pacto, según la denuncia, quedó cerrada la causa que había iniciado Nación en 2023 por la compra de unas 12.000 hectáreas en Lago Escondido durante la presidencia de Carlos Menem.
Según publicó Diario Río Negro, ese acuerdo conciliatorio se firmó el 14 de enero pasado, en plena feria judicial. Funcionarios del Ministerio del Interior de la Nación y abogados de la firma Hidden Lake SA convinieron desistir de sus respectivas pretensiones. El acuerdo frenó la acción judicial de lesividad que el Estado nacional había impulsado a finales de 2023 contra la empresa de Lewis en un intento de anular las autorizaciones que permitieron a Hidden Lake adquirir alrededor de 12.000 hectáreas cerca del Lago Escondido, en Río Negro.
La causa estaba alojada en el juzgado contencioso administrativo federal 4 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza Rita María Teresa Ailín, con medidas de prueba aún en curso. Pese a eso, el juez Walter Lara Correa habilitó la feria judicial, homologó el acuerdo ahora denunciado y dictó la sentencia que benefició al magnate.
Por esos hechos, la legisladora rionegrina Magdalena Odarda presentó el martes último una denuncia ante el Procurador de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. Le pide la apertura de una investigación sobre la conducta administrativa de los funcionarios de Nación involucrados en el acuerdo conciliatorio con Lewis. Concretamente, le solicitó que requiera a los organismos competentes, sobre todo al Ministerio del Interior, «la remisión de todas las actuaciones administrativas vinculadas al acuerdo referido», antecedentes y fundamentos.
La legisladora agregó en su pedido al Procurador que evalúe «la eventual existencia de responsabilidades administrativas de los funcionarios intervinientes y, en su caso, la posible comisión de hechos con relevancia penal». Y, por último, que impulse «la revisión judicial del acuerdo conciliatorio celebrado y de la sentencia que lo homologa», para que sea declarado nulo por contradecir «el orden público y el interés general comprometido».
Odarda destacó la opacidad del acuerdo entre el Estado y Lewis. El acceso al expediente judicial está restringido bajo carácter de «reservado», explicó. La legisladora recordó que el 27 de septiembre de 2023, poco antes del cambio de Gobierno, el Ministerio del Interior «dictó la Resolución (RESOL2023-1603-APN-SECI#MI) mediante la cual declaró lesivas al interés general las autorizaciones de previa conformidad otorgadas en los expedientes N° S02-21662/96 y S0221702/96 del entonces Ministerio de Defensa, vinculadas a la adquisición de tierras en zona de seguridad de frontera por parte de la firma H.R. Properties Buenos Aires SA, luego transformada en Hidden Lake SA (firma bajo dominio del ciudadano inglés Joseph Lewis».
La denunciante resaltó que esa resolución del Gobierno de Alberto Fernández estaba avalada por abundantes antecedentes de diferentes organismos públicos y «concluyó que los actos administrativos cuestionados se encontraban viciados de nulidad absoluta e insanable, por violación de normativa de orden público en materia de defensa nacional y control de zonas de frontera». Así, el 8 de noviembre del 2023, el Ministerio del Interior promovió acción judicial de lesividad contra Hidden Lake SA para que se anulen las autorizaciones que posibilitaron la adquisición de las 12.000 hectáreas en la década del 90 «cuya titularidad y explotación se vincula con la restricción al acceso público a dicho bien de dominio público».
Odarda advirtió que durante el trámite del proceso, «y sin que se registraran avances sustanciales hacia la resolución de fondo del conflicto desde el 2024, el 14 de enero de 2026 el Ministerio del Interior, representado por Alejandro Patricio Amaro, y la firma Hidden Lake SA, representada por Jaime Cibis Robirosa y José Luis Ariel Bianco, suscribieron un acuerdo conciliatorio mediante el cual ambas partes desistieron de sus respectivas pretensiones, con el consiguiente cierre del proceso sin pronunciamiento judicial sobre la cuestión de fondo».
Según la legisladora, tras ese acuerdo y la sentencia correspondiente, «la causa se mantuvo en reserva, privando a cualquier persona de acceder a las actuaciones así como de tomar conocimiento de estos acuerdos de alto interés público, hasta que la información trascendiera gracias a investigaciones periodísticas».
A fines de la década de 1960, se asentaron sobre la costa oriental del Lago Escondido Arsoindo Montero, María Ortiz y sus hijos. Era una familia dedicada a la cría de vacas y ovejas. Con los años, lograron la propiedad de las tierras por el procedimiento de la usucapión (ocupación durante dos décadas con el pago de impuestos). En ese entonces, unas 8.000 hectáreas, con el lago dentro. A mediados de la década de 1990 murieron Ortiz y uno de los hijos. En 1996, Montero decide vender. Con la mediación de Nicolás Van Ditmar, Lewis, fundador del grupo inversor Tavistock, compra las hectáreas. A partir de ahí, funda la firma Hidden Lake SA y Van Ditmar pasa a ser su socio y administrador. En los años siguientes siguió adquiriendo tierras en el área circundante, llegando a sumar 14.000.
Lewis construyó una mansión de 2500 m² para uso personal. Allí estuvieron, en octubre de 2022, jueces, operadores políticos y exagentes de la AFI que viajaron en un avión privado pagado por el diario Clarín. En la extensa propiedad del británico también se levantó un centro de convenciones –All About Kids– de 4200 m². Además, hay un hipódromo, un kartódromo, canchas de fútbol, básquet y tenis, un gimnasio, establo para 100 caballos y cabañas. Y hasta una central hidroeléctrica de 600 kW de potencia en el río Escondido, que aprovecha un desnivel de 240 m en los saltos del río.