El Poder Ejecutivo provincial presentó un proyecto de reforma a seis leyes de seguridad pública. La iniciativa genera discusiones entre legisladores y especialistas sobre su constitucionalidad.
Desde hace quince días, el Poder Ejecutivo ingresó por la Cámara de Diputados el mensaje titulado «Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública». El proyecto propone la reforma a seis leyes vigentes y ha iniciado un debate entre actores del sistema penal y legisladores.
El mensaje del Ejecutivo expresa: «El común propósito de dotar de mayores herramientas al Estado en la lucha contra el delito, fortaleciendo la capacidad del sistema de persecución penal frente a fenómenos de criminalidad compleja, organizada y violenta». Agrega: «En lo fundamental, se proponen modificaciones al régimen procesal penal, al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia y al programa de recompensas, junto con una amplificación de facultades policiales para casos especiales».
En el ámbito legislativo, se escucharon críticas de sectores oficialistas y opositores. Una fuente de la Cámara de Diputados afirmó: «Ni locos les damos más poderes y sin control a la policía». En el Senado radical, se preguntaron: «¿Era necesario abrir ahora este debate cuando tenemos por delante que decidir la nueva ley electoral y varias leyes que nos obliga la reforma constitucional?».
El Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo de Pablo Cococcioni, posteó: «Son once reformas a distintas leyes del sistema penal y de seguridad que nos darán más herramientas para seguir combatiendo la delincuencia y cuidando a los santafesinos». La vocera Virginia Coudannes declaró: «No vamos a retroceder contra el delito, la delincuencia ni las banderas con amenazas, porque lo que nos importa son los derechos de las víctimas y de los habitantes de Rosario y la provincia a vivir tranquilos y en paz».
Cococcioni sostuvo que la criminalidad «está contenida pero sigue latente» y que el mensaje «es la aspiración del Poder Ejecutivo y todo proyecto es para ser discutido».
En los últimos días, entidades del derecho, cátedras universitarias y abogados penalistas expusieron objeciones al proyecto. La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario señaló en un documento: «Uno de los pilares fundamentales de todo Estado de Derecho es el respeto por las garantías constitucionales que todo ciudadano posee frente a cualquier tipo de injerencia estatal. La reforma impulsada por el Poder Ejecutivo lejos de entenderse como una pretensa respuesta a combatir ‘al enemigo’, esconde entre su articulado el menoscabo a reglas básicas de enjuiciamiento penal, división de poderes y un otorgamiento de amplísimas facultades a los órganos encargados de persecución penal».
Agregaron que el proyecto «cuenta con numerosos artículos que colisionan contra principios y garantías constitucionales que ocasionarán planteos ante los más altos estamentos judiciales provinciales, nacionales e internacionales».
En la Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad Pública, encabezada por el radical Martín Rosúa, abordará el texto. Rosúa avaló el proyecto inicialmente y consideró que con reformas podría llegar al recinto. Sectores de Unidos plantearon la posibilidad de seccionar el texto para avanzar en temas de menor controversia como recompensas y armas.