El Consejo de Ministros de España dio luz verde este martes al proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que establece multas de hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio para infracciones graves.
El Consejo de Ministros de España aprobó este martes el proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA). El texto, que toma como referencia el Reglamento Europeo de IA ya en vigor, será remitido a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria.
El ministro de Transformación Digital, Óscar López, declaró en conferencia de prensa: “Creo que hemos dado un salto muy importante en un debate que es absolutamente civilizatorio. Estamos hablando de avanzar o retroceder”.
Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto prevé un marco sancionador con multas que parten de los 6.000 euros para casos leves y alcanzan los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio para los más graves.
Entre las infracciones con sanciones más elevadas se incluyen: creación de imágenes falsas de contenido sexual, uso de sistemas masivos de clasificación biométrica por raza, credo, orientación política o sexual, y aquellas que afecten a grupos vulnerables como niños o personas con discapacidad.
La futura ley también prohíbe usos que manipulen decisiones de forma subliminal, exploten vulnerabilidades por edad, discapacidad o situación socioeconómica, o desplieguen sistemas para inducir conductas perjudiciales. Se contemplan casos vinculados al uso de sistemas que detectan perfiles vulnerables para inducirlos a ingresar a plataformas de juego online.
Para las empresas, la ley implica un cambio de cultura regulatoria: al lanzar productos basados en IA deberán verificar si el sistema entra en una categoría prohibida, si exige obligaciones por ser de alto riesgo o si necesita medidas de transparencia adicionales. Para los usuarios, el impacto se notará en la identificación de imágenes, audios o videos manipulados.
El proyecto aprobado no es una ley definitiva. Durante la tramitación parlamentaria el texto puede sufrir modificaciones y negociaciones antes de su aprobación final.