La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se opuso a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre reforma tributaria para Argentina, al considerarlas regresivas, y solicitó un nuevo consenso fiscal que incluya una reforma estructural del sistema tributario subnacional.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó las recomendaciones de reforma tributaria publicadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) el 26 de mayo de 2026. En un comunicado, la entidad consideró que la propuesta impulsa “reformas regresivas que reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y encarecen la formalidad para los sectores de menores ingresos, sin tocar ninguno de los impuestos distorsivos estructurales que verdaderamente frenan la inversión, la producción y el empleo formal en la Argentina”.
Las recomendaciones del FMI proponen ampliar la base del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría —reduciendo el piso a partir del cual los trabajadores tributan—, extender la base imponible del IVA a bienes y servicios actualmente exentos, y reformar el régimen del Monotributo para elevar sus categorías. Desde CAME subrayaron que “estas propuestas tienen un denominador común: recaen sobre los asalariados, los pequeños contribuyentes y el consumo doméstico”.
La entidad sostuvo que “el FMI ignora por completo en su diagnóstico el nivel de tributación subnacional, que es donde reside el nudo fiscal más dañino para la actividad económica: el impuesto sobre los ingresos brutos y las tasas retributivas de servicios municipales”. Por ello, propuso la convocatoria urgente de un nuevo consenso fiscal entre el gobierno nacional, las provincias, y los gobiernos provinciales y municipios, centrado en la reforma estructural del sistema tributario subnacional.
Según CAME, el sistema tributario subnacional argentino se caracteriza por una superposición de gravámenes —el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) provincial y las tasas municipales— que representan entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, independientemente de su rentabilidad. A diferencia del Impuesto a las Ganancias, que grava utilidades reales, el IIBB es un impuesto en cascada que se aplica en cada etapa de la cadena productiva.
La entidad señaló que “el aspecto más gravoso y menos visibilizado de este sistema es el régimen de retenciones y percepciones que aplican las provincias. Los agentes de retención descuentan al contribuyente importes que superan sistemáticamente el tributo que efectivamente le correspondería abonar, generando saldos a favor que el contribuyente nunca puede compensar en forma plena”.
Además, indicaron que las provincias diseñan sus regímenes de retención como mecanismos de adelanto de recaudación, con alícuotas fijadas por resolución administrativa que no guardan relación con la tasa efectiva real del impuesto. “El resultado sistémico es que las empresas pagan más de lo que deben en cada operación, acumulan un saldo a favor y, en teoría, deberían recuperarlo, pero la compensación es insuficiente porque los saldos nuevos superan mes a mes lo que el contribuyente puede absorber”, explicaron.
La devolución no tiene plazo legal en la mayoría de las provincias, con demoras de entre 12 y 36 meses, durante los cuales el saldo pierde entre el 60% y el 80% de su valor real por inflación. CAME destacó que fiscos como los de CABA y Santa Fe han aliviado este mecanismo con devolución exprés hasta un determinado monto.
Frente a este diagnóstico, CAME propuso un nuevo consenso fiscal que establezca reglas de juego permanentes para armonizar la base imponible, los regímenes de retención y percepción, y los mecanismos de devolución en todo el territorio nacional. La entidad señaló que “ningún acuerdo de retenciones y percepciones será sostenible si el IIBB como tributo de base no se racionaliza”, y propuso eliminar el IIBB en las etapas intermedias de producción, reservando su aplicación exclusivamente a la venta final al consumidor.
Para CAME, esta reforma no implica perder recaudación provincial, sino trasladar la base imponible hacia donde la carga es económicamente razonable. La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral debería ser el organismo ejecutor del nuevo consenso fiscal, con facultades para homologar padrones, validar coeficientes y fiscalizar plazos de devolución.
En resumen, CAME afirmó que “reducir el poder adquisitivo de los trabajadores mediante mayor retención de Ganancias no genera un solo puesto de trabajo, no reduce la informalidad, no mejora la competitividad de ninguna empresa y no ataca ninguno de los distorsivos que frenan la inversión productiva”. Por el contrario, “contrae la demanda interna, erosiona el consumo y reduce las bases imponibles provinciales y municipales, generando el círculo vicioso que la Argentina necesita romper”.