La Comisión Bicameral de Acuerdos definirá este jueves la sanción de tres meses sin goce de sueldo para la fiscal rosarina María Verónica Ballari, cuestionada por la demora en el caso de Ailén Oggero, asesinada en febrero de 2025.
La Legislatura de Santa Fe analiza la suspensión de la fiscal María Verónica Ballari, a raíz de un informe de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación que señala demoras en su actuación en una causa de violencia de género que culminó con el femicidio de Ailén Oggero. La medida será tratada este jueves en la Comisión Bicameral de Acuerdos, que podría imponer una sanción de tres meses sin goce de sueldo.
Ballari, quien intervino en la investigación de las denuncias presentadas por Oggero contra su expareja Jonathan Omill, ha sido señalada por presuntas demoras en el accionar judicial. La víctima había denunciado en reiteradas ocasiones hostigamientos, amenazas y agresiones por parte de Omill, quien contaba con una restricción de acercamiento. Pese a ello, Oggero fue asesinada el 18 de febrero de 2025 en la puerta de su domicilio en Prusia al 6700, en la ciudad de Rosario.
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA presentó un pedido para que se anule la suspensión, argumentando que la nueva Constitución provincial deja sin efecto la ley que habilita la sanción. Sin embargo, fuentes legislativas indicaron que el proceso sigue su curso y que la comisión bicameral determinará la medida en su reunión del jueves.
Jonathan Omill fue detenido el día posterior al crimen e imputado por violencia de género, pero hasta el momento no ha sido formalmente vinculado al homicidio. Las investigaciones continúan abiertas, sin avances concretos sobre la autoría del femicidio. Omill declaró que al momento del ataque se encontraba trabajando en la planta de Vicentín en San Lorenzo.
El caso ha cobrado relevancia en el marco de las movilizaciones por el Ni Una Menos, que se realizan en vísperas de la definición legislativa. Además, se investigan posibles vínculos de Omill con personas ligadas al narcotráfico, lo que ha abierto hipótesis sobre una posible ejecución del crimen con recursos de la narcocriminalidad.