Suman siete denuncias formales por abuso sexual en un jardín de infantes de barrio Empalme Graneros, Rosario. La fiscal Antonela Valente imputará este miércoles al portero del establecimiento.
Una investigación penal en curso en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, acumula siete denuncias formales por abuso sexual en un jardín de infantes del barrio Empalme Graneros. El caso comenzó hace una semana con una presentación judicial realizada por la madre de un alumno de cuatro años.
Este miércoles a las 15:00 horas, la fiscal Antonela Valente imputará formalmente al portero del establecimiento, identificado como Rubén, de 55 años, quien se encuentra detenido. La fiscalía solicitará la imputación por el delito de abuso sexual agravado, por tratarse de menores indefensos bajo su cuidado en una institución educativa. Todos los casos denunciados fueron constatados por el cuerpo médico forense de la unidad de delitos contra la integridad sexual.
El Ministerio de Educación de Santa Fe dictaminó la intervención del jardín de infantes, lo que implicó el desmantelamiento del equipo directivo y la suspensión momentánea del cuerpo docente. Además, se inició un sumario administrativo al asistente escolar denunciado. Daiana Gallo Ambrosis, de la cartera educativa provincial, declaró: “Entendimos que dada la situación lo mejor fue intervenir el jardín, poner un nuevo equipo directivo, una directora con una vice, que están teniendo reuniones con las familias por salita”. La funcionaria agregó que el objetivo es recuperar la confianza y planificar la reanudación de clases para la próxima semana.
Según testimonios de las familias, los hechos ocurrían en un sector del jardín que los niños denominaban “la casita de la música”, donde el acusado trasladaba a los menores. Las declaraciones indican que el imputado utilizaba cintas para tapar la boca de los chicos, los manoseaba y les tomaba fotografías tras obligarlos a desvestirse, bajo amenazas para que no relataran lo sucedido. Fabiana, la primera madre en radicar la denuncia formal, describió el estado de su hijo de cuatro años: “No está bien, tiene miedo porque este tipo lo amenazó mucho tiempo”. También señaló que las docentes tienen responsabilidad por omitir los hechos y aplicar castigos, y afirmó que el acusado tenía antecedentes de despidos en escuelas de otras provincias por situaciones similares.
La comunidad educativa espera el desarrollo de la audiencia imputativa para conocer el avance de las medidas de prueba solicitadas por la Fiscalía. Los padres reclaman asistencia psicológica integral para las víctimas y sus familias, gestionada actualmente a través de centros de salud barriales.