En un segundo plenario conjunto de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, el Senado de la Nación analizó proyectos para modificar la Ley 27.640 de biocombustibles. El debate giró en torno al porcentaje de biodiésel en los surtidores de gasoil, con posiciones divergentes entre petroleras, grandes aceiteras, pymes y el Gobierno nacional.
El Senado de la Nación realizó esta semana un segundo plenario conjunto de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, presidida por Flavio Fama (UCR), y de Presupuesto y Hacienda, presidida por Agustín Monteverde (LLA), para modificar la actual Ley 27.640 de biocombustibles.
Las iniciativas en análisis fueron presentadas por los senadores Beatriz Ávila (Independencia); José Carambia y Natalio Gadano (ambos por Mover Santa Cruz); Alejandra Vigo y Carlos Espínola (Provincias Unidas, iniciativa con respaldo santafesino); Flavia Royón (Primero Los Salteños); Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (ambos de Encuentro Misionero) y Patricia Bullrich (LLA).
En la reunión informativa, el primer invitado fue Mauricio Martín, director suplente de YPF S.A. y vicepresidente ejecutivo de Midstream y Downstream, quien expresó su adhesión a la iniciativa presentada por la jefa del bloque libertario. Martín manifestó que es importante una ley de biocombustibles «donde los cortes obligatorios respondan a una estrategia económica sostenible, basada en criterios técnicos, alineada con la seguridad y abastecimiento, poniendo el foco en el beneficio del consumidor».
El secretario de Energía de la Nación, Daniel González, afirmó que incrementar el corte de biodiésel al gasoil más allá del 10% propuesto por el Gobierno nacional incrementaría el precio en los surtidores.
Claudio Molina, contador público y analista de energías renovables y ferrocarriles, abogó por «tratar de terminar con las grietas entre regiones, porque acá se plantea que el de los biocombustibles es un negocio de las provincias cerealeras».
Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales, propuso elevar inicialmente el corte obligatorio a un 15%, tanto para el biodiésel con gasoil como el bioetanol con nafta, y apeló a un «esquema de libre competencia que permita la participación de todos los actores del sector, sin restricción vinculada al tipo y tamaño de empresa».
Julio Calzada, representante de la Bolsa de Comercio de Rosario, señaló que «en 70 kilómetros de costa, desde Arroyo Seco hasta Timbúes, tenemos 20 fábricas aceiteras, 31 terminales portuarias y las empresas de biocombustibles de mayor tamaño. Santa Fe tiene prácticamente el 80% de la capacidad de procesamiento de biodiésel de soja». Pidió «el máximo corte obligatorio» para el aceite de soja y el etanol, y sostuvo que «el libre mercado permite los menores precios posibles».
Claudio Molina advirtió sobre el riesgo de «poner topes de precios bajos» y ejemplificó con el etanol de maíz de Estados Unidos o el etanol de caña de Brasil. «Si la Secretaría de Energía hace un uso arbitrario en cómo se define el tope. Si lo fijan bajo y nadie puede ofertar, se abren las importaciones. Y una vez que se abren las importaciones… no se para más la ola», afirmó. Se expresó en acuerdo con el proyecto de Santa Fe, que plantea elevar el corte del biodiésel hasta 20%, licitando por separado un 60% del cupo para las «integradas» y un 40% para las mejores ofertas de las pymes.
Tomás Lorda, vicepresidente de ENRESA, La Pampa, subrayó que los grandes actores «estaban para la exportación y para el mercado interno estaban las pymes», en el vigente esquema impulsado por Máximo Kirchner. «Claramente todos los proyectos tienden a que nuestro sector desaparezca totalmente», declaró.
Marcelo Lewandowski, senador por el PJ santafesino, afirmó que «hay mercado para todos» y recordó que existe «una ley vigente hasta el 2030», por lo que «los que invirtieron tienen que tener seguridad jurídica». Advirtió que «las mal llamadas pymes, porque algunas han crecido mucho», son empresas expuestas a «cerrar sus puertas» en «pueblos con serias preocupaciones» con gente que «se puede quedar sin trabajo». Planteó abordar la ley observando costo económico y matriz social.
La Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER) expuso una respuesta técnica crítica frente al proyecto de ley de Bullrich. Señaló una contradicción en la neutralidad tecnológica y discriminación: el sector sostiene que el Gobierno nacional invoca principios de «libre competencia», pero el proyecto protege legalmente al bioetanol de caña de azúcar con un mercado cautivo, mientras que el biodiésel independiente queda expuesto a una competencia desigual. Argumentó que el mercado de biodiésel es un oligopolio bilateral con oferta y demanda concentradas en pocos grupos, y que eliminar las regulaciones actuales acelerará la concentración económica y la desaparición de los productores independientes. También criticó que el Poder Ejecutivo solo considera el costo fiscal bruto al rechazar mayores cortes, omitiendo beneficios como el ahorro de divisas por sustitución de importaciones, la generación de empleo y la recaudación indirecta. CASFER enfatizó que cada litro de biodiésel reemplaza gasoil importado, por lo que el aumento del corte obligatorio debe verse como una política de soberanía energética y fortalecimiento de la balanza comercial. Concluyó que la libertad económica se está aplicando de manera selectiva.