El conflicto entre Aceiteros y agroexportadoras tiene un trasfondo que va más allá de lo salarial. En la industria se pregunta si la puja también busca incrementar la estructura de financiamiento sindical.
El conflicto entre Aceiteros y agroexportadoras parece tener un trasfondo que no solo es salarial. La pregunta que se hacen en la industria del sector es si la puja también tiene un interés por incrementar una estructura de financiamiento sindical de enorme magnitud.
Se basan en que los sueldos del sector evolucionaron por encima de la inflación y del principal producto que industrializa la actividad, la soja, mientras que la recaudación automática de los sindicatos, tanto de la Federación Aceitera como del Soea, aumenta proporcionalmente con cada incremento salarial.
Los sindicatos solicitaron un adelanto salarial del 20% completo retroactivo a mayo, lo que implica adelantar una inflación anual estimada en 34,6% que aún no se ha materializado.
Mientras que el sector industrial propone una alternativa basada en actualizaciones mensuales que sigan el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, el texto sugiere que la exigencia de un pago único esconde un objetivo de recaudación masiva para las estructuras sindicales.
Actualmente, bajo el convenio colectivo CCT 420/05, las empresas deben realizar aportes obligatorios del 2,7%, más un 3% de cuota sindical, sobre la masa salarial total. Con un promedio salarial de 5 millones de pesos y aproximadamente 20.000 trabajadores, la recaudación mensual ordinaria alcanza los 6.000 millones de pesos, lo que representa cerca de 60 millones de dólares al año. Esos fondos ingresan de manera automática a las organizaciones gremiales. Existe, además, un incentivo económico adicional vinculado a una cláusula que otorga a los sindicatos un porcentaje del incremento salarial durante el primer mes en que se acuerda una revisión.
En caso de concretarse el aumento del 20% solicitado, los sindicatos percibirían una recaudación extraordinaria de 8.000 millones de pesos en un solo mes, sumando unos 5,7 millones de dólares adicionales. Esa situación plantea interrogantes sobre los intereses financieros que subyacen en las negociaciones colectivas.
La industria aceitera argumenta que las exigencias sindicales actuales son desmedidas en comparación con el resto del sector privado. “El salario promedio del empleo privado registrado ronda los $1,4 millones, mientras que la categoría inicial aceitera parte de $2,34 millones, una diferencia del 67% por encima del promedio privado formal”, indican. Y agregan que en las categorías superiores la diferencia llega hasta el 117%, mientras que el salario promedio ponderado del sector aceitero alcanza los $4,9 millones en mayo de 2026.
Luego, en el memo que publicó Ciara, sostiene que la evolución salarial muestra una diferencia significativa frente a otros indicadores. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, el salario aceitero aumentó 361%, mientras que el IPC subió 299%, el dólar aumentó 304% y la soja en pesos subió únicamente 179%.
Por último, el sector instala el debate sobre los «peajes sindicales», es decir, los mecanismos de aportes obligatorios sobre la masa salarial, incluyendo contribuciones aplicadas bajo la figura de «aportes solidarios». El eje del debate sostiene que pasa por el nivel de transparencia en el uso de esos recursos, pone dudas sobre la existencia de auditorías públicas y el destino efectivo de los fondos recaudados y, si esos recursos se traducen principalmente en beneficios para los trabajadores o en el sostenimiento de estructuras sindicales y políticas.