Un estudio del Instituto Argentino de Estudios Técnicos, Económicos y Sociales (Iaetes) detectó subas de entre el 44% y el 81% en facturas de electricidad para algunos segmentos residenciales, tras modificaciones en el esquema de subsidios.
Las familias de menores ingresos fueron las más perjudicadas por los aumentos en las tarifas de electricidad registrados durante el último año. Un informe del Instituto Argentino de Estudios Técnicos, Económicos y Sociales (Iaetes) detectó incrementos de hasta el 81% en algunos segmentos residenciales.
Según el estudio, las mayores subas se produjeron tras las modificaciones introducidas en el esquema de segmentación de subsidios. Como consecuencia, los hogares de menores recursos terminaron afrontando aumentos superiores a los registrados en otros sectores de la población.
Uno de los principales cambios señalados por el trabajo fue la eliminación de la diferenciación tarifaria entre usuarios de ingresos bajos y de ingresos medios. A partir de esa modificación, ambos grupos comenzaron a abonar valores similares por el servicio eléctrico pese a sus distintas capacidades económicas.
Los datos relevados muestran que, en algunas categorías residenciales, las facturas se incrementaron entre un 44 y un 81 por ciento en comparación con mayo de 2025. El caso más significativo corresponde a los usuarios con consumos cercanos a los 370 kWh mensuales, que registraron el mayor ajuste.
Realidades socioeconómicas de los hogares
Para el Iaetes, la nueva estructura tarifaria se apoya en un criterio que no siempre refleja la realidad socioeconómica de los hogares. El informe advierte que un mayor consumo eléctrico no necesariamente está asociado a mayores ingresos, ya que muchas familias dependen de la electricidad para calefaccionarse o cocinar ante la falta de acceso a otros servicios esenciales.
En ese sentido, el trabajo realizado por el instituto creado por la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee) en el año 1985 remarca que numerosos hogares de sectores populares presentan consumos elevados porque no cuentan con conexión a la red de gas natural, utilizan artefactos eléctricos para cubrir necesidades básicas o habitan viviendas con escasa eficiencia energética.
“Consumir más electricidad no siempre significa tener una mejor situación económica”, sostiene el estudio, que cuestiona la utilización del nivel de consumo como principal variable para determinar el grado de asistencia estatal.
El informe también señala que los sectores más afectados por las subas suelen coincidir con aquellos que padecen mayores deficiencias en infraestructura y calidad del servicio. En distintas regiones del país, los usuarios continúan denunciando cortes recurrentes y problemas en la prestación.
Para el Iaetes, el resultado de los cambios implementados fue una mayor presión sobre los ingresos de los hogares de menores recursos. En un contexto de deterioro del poder adquisitivo y aumento del costo de vida, el estudio concluye que los incrementos tarifarios tuvieron un impacto especialmente severo sobre las familias trabajadoras y los sectores populares.
La reducción de subsidios
Desde fines de 2023, el gobierno nacional profundizó el proceso de reducción de subsidios a la energía. En ese marco, se modificó el régimen de segmentación implementado en 2022, se redujeron los topes de consumo subsidiado y se recortó gradualmente la asistencia estatal para los usuarios residenciales. Además, durante 2024 y 2025 se avanzó en una convergencia entre las tarifas de los hogares de ingresos bajos (N2) y medios (N3), lo que derivó en mayores aumentos para amplios sectores de la población.