El ministro de Desregulación y Transformación del Estado expuso ante la Comisión de Legislación General para reemplazar la Ley General de Sociedades vigente desde 1972. El proyecto incorpora sociedades automatizadas y DAO, digitaliza trámites y generó reparos en la oposición sobre responsabilidad, control estatal y empleo.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, asistió este miércoles al Senado de la Nación para defender la reforma con la que el gobierno de Javier Milei busca cambiar la arquitectura legal de las empresas argentinas y habilitar sociedades capaces de funcionar sin trabajadores humanos, operadas por algoritmos o inteligencia artificial.
Sturzenegger expuso ante la Comisión de Legislación General, presidida por la senadora Nadia Márquez, junto a la subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Secretaría Legal y Técnica, Paula Taddei Farfán, y el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez. El proyecto del Ejecutivo busca reemplazar la Ley General de Sociedades N° 19.550, vigente desde 1972, e incorpora sociedades automatizadas y DAO, digitaliza trámites y desata reparos sobre responsabilidad, control estatal, lavado y empleo.
Los tres expusieron durante más de una hora antes de las preguntas de los senadores. La reunión terminó sin dictamen. Márquez anunció un cuarto intermedio, nuevas reuniones técnicas y la posibilidad de convocar expositores. “Este proyecto tiene un norte y un camino, que es una regulación societaria más amplia, flexible y moderna”, dijo la presidenta de la comisión.
Taddei Farfán definió al proyecto como “una de las reformas más trascendentes del derecho argentino de las últimas décadas”, argumentando que la Ley 19.550 “fue concebida para una realidad tecnológica, productiva y organizacional muy distinta” de la actual. La funcionaria planteó que la reforma procura “adecuar el ordenamiento societario argentino a las necesidades económicas, tecnológicas e institucionales del siglo XXI”, con un criterio explícito: “fortalecer la libertad económica, facilitar la inversión, reducir costos regulatorios y adecuar nuestro sistema a los estándares internacionales más avanzados”.
Uno de los puntos centrales es la autonomía de la voluntad. Según Taddei, el proyecto busca que sean los socios quienes diseñen “libremente la estructura, el gobierno y las reglas de funcionamiento de sus organizaciones”, siempre dentro del marco legal. El proyecto propone una digitalización integral del régimen societario: constitución de sociedades con firma digital o electrónica, legajos digitales, registros públicos de consulta gratuita, resoluciones presenciales, remotas o mixtas, domicilio electrónico y publicidad por plataformas digitales.
Ramírez sostuvo que “el registro público deja de ser un filtro burocrático y pasa a ser una infraestructura más moderna, digital y habilitante”. El inspector general de Justicia defendió la reforma como una reconstrucción integral y señaló que la norma vigente fue diseñada “en un contexto sin internet, sin economía de plataforma, sin economía del conocimiento, sin inteligencia artificial y sin acceso global a los mercados de capital”. También presentó datos que indican que en los últimos diez años no se detectó en la IGJ la constitución de sociedades de capital e industria, y la sociedad colectiva se constituyó apenas “una por año”.
El punto de mayor tensión es la incorporación de inteligencia artificial al derecho societario. El proyecto considera sociedad automatizada a aquella que desarrolle su objeto mediante “sistemas algorítmicos autónomos o agentes de IA”, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria. Según el texto, esa sociedad responderá con su patrimonio frente a terceros por los daños causados por sus sistemas. Sturzenegger explicó que las sociedades automatizadas serían un subtipo de las sociedades anónimas, con las mismas obligaciones y responsabilidades. “Para un país que tiene la pretensión de liderar, es absolutamente imperativo poder incorporar estas nuevas tecnologías en nuestro derecho”, afirmó.
La otra figura que incluye son las DAO, sociedades descentralizadas autónomas operativas. Los funcionarios aclararon que el proyecto sólo recibiría a aquellas que “acepten voluntariamente identificar a todos sus beneficiarios finales” y que no serán integradas aquellas que operen de modo anónimo.
Las preguntas de la oposición se concentraron en quién será el responsable cuando una sociedad operada por inteligencia artificial cause un daño, tome una decisión discriminatoria, evade controles o mueva fondos sin trazabilidad suficiente. El senador de UxP, Martín Soria, acusó al Gobierno de buscar convertir a la Argentina en un “laboratorio de desregulación salvaje” y advirtió que el mundo avanza hacia “límites éticos, límites fiscales y límites legales” para la inteligencia artificial. Jorge Capitanich sostuvo que una ley sobre sociedades automatizadas sólo podría ser constitucionalmente válida si preserva legalidad, razonabilidad, igualdad, defensa en juicio, tutela judicial efectiva, derecho de propiedad, reparación de daños, control fiscal, prevención de lavado, protección de consumidores, datos personales y responsabilidad patrimonial. El senador Fernando Salino preguntó si en las DAO existiría un CUIT responsable frente a terceros.
Las respuestas fueron principalmente de Ramírez. Respecto a las sociedades automatizadas dijo que “iba a ser una SRL automatizada, una sociedad anónima automatizada y va a tener todos los mismos controles”. Sobre el domicilio electrónico, rechazó que sea una vía para evadir notificaciones. Sturzenegger se refirió al aspecto fiscal y admitió que no forma parte de la modificación legal que pretende este proyecto, pero dejó una puerta abierta para que sea tratado más adelante.