La coalición gobernante Unidos enfrenta diferencias internas en el tratamiento de dos proyectos clave: la ley de cuidacoches y la reforma electoral. El Senado postergó la sesión para tratar el primer proyecto, mientras que en Diputados tres sectores presentaron iniciativas separadas de reforma electoral.
La reforma electoral y la ley de cuidacoches son los temas centrales de la agenda legislativa en la provincia de Santa Fe. En el Senado, el proyecto de ley de cuidacoches, impulsado por el senador rosarino Ciro Seisas, no logró ser tratado en la sesión prevista para este jueves. El interbloque Unidos no alcanzó un acuerdo y el debate fue postergado hasta después del receso invernal, que se extendería hasta fines de julio.
El proyecto de ley de cuidacoches fue aprobado inicialmente por el Senado con un texto que establecía la prohibición general de la actividad en espacios no autorizados. Luego, la Cámara de Diputados introdujo modificaciones: limitó las sanciones a quienes “exijan o requieran de manera intimidatoria” una retribución económica, delegó en cada municipio la potestad de prohibir o autorizar la actividad, y agregó la creación de dos nuevos cargos judiciales en Rosario y Santa Fe. Este último punto generó cuestionamientos tanto en la oposición como en sectores del oficialismo.
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, expresó su desacuerdo con la versión aprobada por Diputados. “No me traten al trapito como que hay que hacerle un juicio, nombrar fiscales. Es un gastadero de plata”, señaló. Desde Unidos reconocieron que el proceso se dilató debido a “diferencias” con la nueva redacción y que no fue posible alcanzar un acuerdo en las reuniones previas de comisión.
En la Cámara de Diputados, tres sectores de Unidos presentaron por separado proyectos de reforma electoral. El socialista Joaquín Blanco, el referente de UNO Walter Ghione y la radical Silvana Di Stéfano impulsaron iniciativas propias, que se suman a las presentadas por el bloque justicialista y por el Frente Amplio por la Soberanía.
Los tres proyectos comparten algunos ejes: todos reivindican la continuidad de las PASO, dos de ellos (socialismo y UNO) señalan la necesidad de mantener la Boleta Única de Papel, y existe coincidencia en la separación de los comicios provinciales de los nacionales. Sin embargo, presentan diferencias de enfoque.
El proyecto del socialismo propone sancionar un Código Electoral y de Partidos Políticos nuevo, que reemplace la dispersión normativa vigente. Crea la figura del Juez Electoral Provincial permanente y una Oficina de Gestión Judicial especializada. El proyecto del radicalismo también propone una reforma amplia, con foco en la vida interna de los partidos políticos y en las reglas de competencia electoral. Plantea una nueva Ley de Organización de Partidos Políticos y Régimen Electoral. El proyecto de UNO es más breve y puntual: modifica algunas leyes para adecuarlas a la nueva Constitución, establece un piso del 3,5% del padrón para acceder al reparto de bancas, introduce el casillero de “voto lista completa” para gobernador-diputados e intendente-concejales, y ratifica el sistema D’Hondt.
El ministro de Gobierno, Fabián Bastia, evitó fijar una fecha para el tratamiento de la reforma electoral y sostuvo que el avance dependerá de los acuerdos políticos: “El proyecto se va a tratar cuando los legisladores reúnan los consensos”. La intención del oficialismo es que el debate se resuelva durante julio, aunque Bastia admitió que la construcción de una nueva ley electoral requerirá diálogo y puntos de encuentro.
Durante el proceso de reforma constitucional del año pasado, los partidos que integran Unidos también presentaron proyectos similares y lograron, después de negociaciones, alcanzar una unidad de criterios. En ese caso, se trataba de un proceso con un cronograma definido y una convención reformadora que imponía sus propios tiempos.