La Legislatura de Santa Fe retoma su actividad tras el receso invernal y el Mundial 2026 con proyectos clave en reforma electoral, seguridad pública y educación, entre otros temas.
Por primera vez en la historia provincial, el período de sesiones ordinarias de la Legislatura santafesina se inauguró un 15 de febrero, en lugar del tradicional 1 de mayo. El 144° período legislativo comenzó con una agenda cargada: durante la primera mitad del año se aprobó la nueva Ley Orgánica de Municipios, la creación del Colegio de Jueces en lo Contencioso Administrativo y la Ley de Ficha Limpia para Contrataciones Públicas, entre otras normas.
Con el receso invernal y la pausa por el Mundial 2026 superados, la Legislatura encara su tramo final con iniciativas pendientes. A menos de un año de los comicios de 2027, se analizan seis proyectos de reforma electoral que buscan unificar en un solo código la normativa vigente, dispersa en más de quince leyes y decretos.
La Unión Cívica Radical propone reducir las cinco boletas actuales a dos —una para cargos provinciales y otra para municipales— y establecer un piso del 5% del padrón para acceder al reparto de bancas. El Partido Socialista defiende el esquema actual de cinco boletas separadas y un piso del 3%. El peronismo presentó dos proyectos: uno en el Senado con piso del 5% y otro en Diputados con un umbral del 3,5%, ambos manteniendo las PASO y el sistema de cinco boletas. El Frente Amplio por la Soberanía (FAS) propone eliminar los pisos mínimos y reforzar los controles sobre el financiamiento de campañas. El partido UNO ingresó una iniciativa para adecuar la normativa a la nueva Constitución.
En Santa Fe hay consenso en mantener las PASO como mecanismo obligatorio. El proyecto de la UCR ratifica su continuidad para todas las agrupaciones políticas, incluso cuando presenten una única lista, y el peronismo coincide. El cronograma es acotado: el oficialismo pretende resolver la discusión durante agosto, aunque la exigencia de mayoría absoluta de integrantes de cada Cámara para aprobar normas electorales —el 51% sobre la totalidad de los miembros— eleva la vara del acuerdo.
En materia de seguridad, el Poder Ejecutivo ingresó en mayo por la Cámara de Diputados dos mensajes de ley sobre seguridad pública, en debate de comisiones. El paquete, titulado «Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública», propone reformas en materia procesal penal, facultades policiales, inteligencia criminal y régimen penitenciario. Los puntos que han generado controversia incluyen la habilitación a las fuerzas policiales para interrogar personas detenidas sin la presencia de un abogado defensor, la ampliación de facultades para allanamientos sin control judicial previo en casos de portación ilegal de armas en la vía pública, la posibilidad de demoler búnkeres sin intervención judicial previa en situaciones excepcionales, y la incorporación de mayores capacidades para el análisis digital y el ciberpatrullaje, incluyendo extracción de datos de dispositivos electrónicos o cuentas digitales.
El Colegio de Abogados de Santa Fe expresó su rechazo y alertó sobre «posibles avances que podrían afectar derechos y garantías constitucionales». La entidad manifestó su «profunda preocupación» por disposiciones que consideró incompatibles con la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos, y pidió abrir un «debate serio, amplio y responsable» sobre el contenido de los proyectos.
En educación, Santa Fe es la única provincia del país sin Ley de Educación. El 4 de junio, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto que crea la Comisión Provincial para el Debate y Elaboración de una Ley de Educación Provincial. La iniciativa contempla foros, audiencias, encuentros y espacios de debate en todo el territorio, con participación de docentes, directivos, estudiantes, familias, universidades, organizaciones gremiales y representantes de la sociedad civil. El objetivo es promover la construcción colectiva de una ley que refleje las necesidades de la comunidad educativa, tomando como base el capítulo que la reformada Constitución santafesina dedica a la educación.
Otro tema en agenda es la ley de cuidacoches, que busca modificar el Código de Convivencia para regular esa actividad. La iniciativa, impulsada por el senador Ciro Seisas, fue aprobada inicialmente por el Senado en marzo. Luego, Diputados reformuló el proyecto y limitó las sanciones a casos de intimidación, amenazas o exigencia de dinero, siempre que la actividad se desarrolle en lugares donde una ordenanza municipal la prohíba. La principal diferencia entre ambas versiones radica en el alcance de la prohibición: el Senado sanciona el solo hecho de ofrecer o exigir dinero por cuidar vehículos en la vía pública, mientras que Diputados eliminó la prohibición general y centró las sanciones en conductas intimidatorias o coercitivas. El 2 de julio, el Senado postergó el debate por falta de consenso dentro del oficialismo. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, planteó que cada municipio debería tener la facultad de decidir si prohíbe o no la actividad. El proyecto pasó con preferencia a la próxima sesión, prevista para después del receso legislativo y las obras de remodelación del recinto del Senado.
También figuran proyectos para crear el programa Hogar Familia para Personas con Discapacidad en Diputados y el Fondo Provincial de Sostenimiento del Sistema de Prestaciones para Personas con Discapacidad en el Senado, entre otros.
La reforma constitucional de 2025 cambió el calendario legislativo e impuso plazos perentorios para la entrada en vigencia de nuevas normas. La Legislatura santafesina tiene por delante meses de intensa actividad.