El Gobierno nacional oficializó la designación de 12 nuevos jueces para tribunales nacionales y federales de distintos puntos del país, además de seis conjueces para la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y nueve vocales.
Tras más de dos años sin impulsar nombramientos, el Gobierno nacional aceleró en 2026 la cobertura de vacantes en la Justicia federal y nacional. Con Mahiques a la cabeza del proceso, fueron designados 60 jueces, el Senado aprobó 74 pliegos y el Consejo de la Magistratura envió otro centenar de ternas. Pero todavía casi uno de cada cuatro cargos está sin titular.
Las designaciones fueron formalizadas mediante distintos decretos firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y publicados en el Boletín Oficial.
La noticia, cuyo interés específico se centra en las jurisdicciones involucradas, forma parte de un proceso general dirigido a la cobertura de las vacantes en la Justicia federal y nacional que, por su dimensión y el ritmo que le imprimió Mahiques, supone una verdadera reestructuración del mapa judicial.
Así es como, luego de más de dos años sin designaciones y la progresiva acumulación de vacantes, la administración nacional aceleró el envío de pliegos al Senado y comenzó a concretar nombramientos en distintas jurisdicciones del país.
A la fecha, Milei lleva designados 60 jueces nacionales y federales, cifra que corresponde exclusivamente a magistrados y no incluye fiscales ni defensores oficiales. El mandatario suele mencionar un total de 74 designaciones, aunque ese número contempla también integrantes del Ministerio Público.
La aceleración del proceso comenzó en marzo, cuando el Poder Ejecutivo remitió al Senado más de un centenar de pliegos para cubrir juzgados y tribunales vacantes. Desde entonces, la Cámara alta otorgó el acuerdo a 74 pliegos de magistrados, mientras otros expedientes continúan en distintas etapas del trámite parlamentario.
En números
El avance en las designaciones comenzó a reflejarse en el mapa de vacantes de la Justicia nacional y federal. A comienzos de 2026 existían 364 cargos de magistrados vacantes, sobre una planta total de 1.002 jueces, lo que representaba el 36,3% del total. Tras los nombramientos concretados durante los últimos meses, esa cifra descendió a 235 vacantes, equivalentes al 23,5% de la estructura judicial. En términos prácticos, según datos oficiales del Consejo de la Magistratura, el déficit se redujo en 129 cargos desde marzo.
Precisamente, según el Mapa Dinámico de Concursos del Consejo de la Magistratura, de esos 235 cargos aún sin cubrir, 133 permanecen en trámite dentro del propio Consejo, donde continúan desarrollándose los concursos de antecedentes y oposición. Mientras tanto, 102 vacantes ya cuentan con ternas elevadas al Poder Ejecutivo, a la espera de que el Presidente seleccione un candidato y remita el correspondiente pliego al Senado. Además, existen 72 pliegos actualmente en trámite en la Cámara alta, pendientes de obtener el acuerdo legislativo.
El procedimiento
La cobertura de un cargo judicial exige atravesar un procedimiento que involucra a tres poderes del Estado. El Consejo de la Magistratura convoca el concurso público, evalúa a los postulantes y confecciona una terna vinculante. Esa nómina es remitida al Poder Ejecutivo, que selecciona a uno de los candidatos y envía su pliego al Senado. Recién después del acuerdo de la Cámara alta el Presidente puede firmar el decreto de designación.
Actualmente, el Consejo registra 69 concursos en trámite, destinados a cubrir las vacantes que aún permanecen abiertas en distintos fueros y jurisdicciones del país.
Aunque el ritmo de nombramientos aumentó de manera significativa durante 2026, los números muestran que el proceso de normalización todavía está lejos de concluir. Con 235 cargos de jueces vacantes, casi uno de cada cuatro tribunales nacionales y federales continúa sin magistrado titular. La reducción del déficit respecto del inicio del año es significativa, pero el volumen de concursos pendientes y de pliegos aún sin tratamiento legislativo anticipa que la cobertura integral de la planta judicial seguirá siendo uno de los principales desafíos institucionales de los próximos años.