El Ejecutivo trabaja en un paquete de proyectos para rediseñar el sistema judicial, que incluye la creación de juzgados en provincias, cambios en la selección de jueces y modificaciones a los códigos Civil y Penal.
El Gobierno nacional, liderado por Javier Milei, avanza en una segunda etapa de cambios en el sistema judicial, que se suma a la renovación de magistrados federales. La agenda contempla la creación de nuevos juzgados en el interior del país, modificaciones al proceso de selección de ministros de la Corte Suprema, la salida del máximo tribunal del Consejo de la Magistratura y reformas a los códigos Civil y Penal.
El tema fue abordado en una reunión entre el Presidente y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a su regreso de Perú. En el encuentro también se trató la situación de las vacantes en la Corte Suprema, que actualmente funciona con tres de sus cinco miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El año pasado, el Gobierno envió al Senado los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para cubrir las vacantes, pero ambos fueron rechazados. Desde entonces, no se habían presentado nuevas postulaciones. Con la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia, se reactivó el análisis de posibles candidatos que puedan obtener el respaldo legislativo necesario.
Mediante el Decreto 467/2026, el Gobierno modificó el procedimiento de selección de candidatos al máximo tribunal, vigente desde 2003. Entre los cambios, se eliminó la instancia de participación ciudadana previa al envío de pliegos y se dejaron sin efecto recomendaciones sobre equilibrio de género, representación regional y especialización de los postulantes.
Al asumir Mahiques en marzo de este año, había 200 vacantes de jueces, 72 de defensores oficiales y 65 de fiscales. Desde entonces, se enviaron más de un centenar de postulaciones al Senado, con prioridad para cargos del interior. El objetivo oficial es alcanzar cerca de 300 pliegos durante 2026.
El plan de reestructuración busca reducir la cantidad de cargos judiciales en la Ciudad de Buenos Aires y reforzar las Justicias provinciales, especialmente en el norte y noreste del país, donde la demanda supera la capacidad instalada. Se prevé la creación de nuevos juzgados en materias como narcotráfico, crimen organizado, contrabando y delitos económicos.
Además, se contempla reducir de 12 a 8 los juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py 2002 y de 13 a 9 los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal. La supresión de cargos liberaría recursos para destinarlos a las provincias.
En relación con el Consejo de la Magistratura, el Gobierno busca sacar a la Corte Suprema del organismo y reducir la cantidad de representantes de los distintos estamentos. El Consejo fue creado por la reforma constitucional de 1994 y su composición fue modificada en 2006, durante el kirchnerismo, reduciéndola de 20 a 13 miembros. En 2021, la Corte Suprema declaró inconstitucional esa reforma y ordenó volver a la integración de 20 miembros, con el presidente del máximo tribunal al frente.
En el Ministerio de Justicia también trabajan en la actualización del Código Civil y Comercial y del Código Penal. En materia penal, se busca modernizar figuras vinculadas al crimen organizado, delitos económicos, ciberdelitos y corrupción. Respecto del Código Civil, los cambios apuntarían a simplificar procedimientos y adecuar normas a la política de desregulación.
Desde el Gobierno reconocen que la mayoría de estas iniciativas requieren mayorías legislativas que el oficialismo no posee. Por ello, la estrategia es avanzar primero con medidas que pueden instrumentarse mediante decretos o reglamentaciones, mientras se negocian consensos parlamentarios para los proyectos de mayor envergadura.