El vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó este martes que el Ejecutivo aplicará sanciones a los trabajadores portuarios que mantienen un paro total, en el marco del conflicto por el Decreto 690/2026 que desregula la actividad.
El conflicto laboral en los principales nodos logísticos del país continúa. Este martes, el Poder Ejecutivo nacional confirmó que avanzará con un esquema de sanciones contra los trabajadores portuarios que llevan adelante un paro total de actividades. La medida de fuerza mantiene paralizadas las terminales fluviales y marítimas de Argentina, interrumpiendo el flujo del comercio exterior.
La confirmación llegó al mediodía por parte del vocero de la Presidencia, Adrián Ravier, en su conferencia de prensa en la Casa Rosada. El funcionario no brindó precisiones sobre la naturaleza o el encuadre legal de las sanciones, pero afirmó: «No tengo detalle sobre las sanciones que van a ocurrir, pero van a ocurrir».
El conflicto se centra en el servicio de los denominados «prácticos», profesionales que asisten a los buques de gran porte en las maniobras de ingreso, egreso y amarre en las terminales fluviales. Sin su labor, la actividad naviera comercial se detiene por razones de seguridad. La huelga se activó tras la publicación del Decreto 690/2026, que derogó el reglamento vigente desde 1991.
Ravier argumentó que la huelga interrumpe una reforma que busca reducir costos logísticos. «El Gobierno está tratando de bajar el costo argentino y eso se resuelve con competencia. Se busca permitir que puedan entrar nuevos ‘jugadores’ al sector portuario con precios más competitivos para lograr un costo menor», declaró el portavoz.
El decreto modifica las condiciones de operatividad y seguridad de las vías navegables. El vocero presidencial admitió que la desregulación sectorial «es parte de un proyecto que se debe enviar al Congreso», pero justificó el uso del decreto para «adelantar los tiempos».
Las representaciones gremiales portuarias sostienen que la apertura a operadores externos sin certificaciones locales podría precarizar la actividad y afectar la seguridad. El anuncio de sanciones por parte del Ejecutivo se da sin que se haya convocado a una mesa de negociación paritaria ni dictado una conciliación obligatoria.