La diputada nacional Marcela Pagano cuestionó el manejo de fondos del impuesto a los combustibles y afirmó que el Gobierno los utiliza para obtener respaldo legislativo en votaciones clave.
La diputada nacional Marcela Pagano acusó este miércoles al Gobierno de Javier Milei de utilizar fondos provenientes del impuesto a los combustibles para obtener respaldo de gobernadores y legisladores en votaciones del Congreso. La acusación fue publicada en un hilo de posteos en la red social X.
Pagano sostuvo que el Poder Ejecutivo libera pagos de esos fondos en coincidencia con jornadas de votación para presionar a mandatarios provinciales. Según la diputada, los recursos que deberían destinarse a infraestructura vial son utilizados para garantizar acompañamiento legislativo. También mencionó al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien calificó como «cuevero de baja monta», y dijo que los pagos se realizan a través del Banco Nación.
En su publicación, Pagano afirmó que «los días de votación se liberan 3,44 veces más pagos que el resto del mes». Además, difundió una supuesta «lista de precios» de leyes y decisiones parlamentarias, con desembolsos millonarios a provincias en coincidencia con votaciones. Entre los casos mencionados se encuentran la reforma laboral, la ley de glaciares, las leyes de Hojarasca y zonas frías, y distintos proyectos y vetos impulsados por el Gobierno.
La diputada también apuntó contra los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir; Misiones, Hugo Passalacqua –en su publicación aludió a Carlos Rovira como referencia política provincial–; y Tucumán, Osvaldo Jaldo. Según su denuncia, empresas y obras viales de esas jurisdicciones habrían recibido pagos concentrados en fechas de votaciones. Pagano afirmó que los legisladores que responden a esos gobernadores acompañaron las iniciativas del Gobierno y resumió su acusación con la frase: «No pagan asfalto: pagan manos levantadas».
La acusación de Pagano se da en el marco de la disputa interna con la conducción de La Libertad Avanza. La diputada cuestiona uno de los mecanismos con los que el Gobierno construyó mayorías parlamentarias desde que asumió.
El planteo de Pagano se apoya en una discusión sobre el destino de la recaudación del impuesto a los combustibles. La Ley 23.966 establece que el 28,58% del producido del impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono debe ingresar al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. El decreto 301/2018 establece que la porción correspondiente al fideicomiso se reparte entre el Sistema Vial Integrado (SisVial), el sistema de transporte automotor y el sistema ferroviario. Una modificación posterior fijó una distribución del 50% para el SisVial, 32,5% para el transporte automotor y 17,5% para el sistema ferroviario.
Según una reconstrucción periodística publicada en los últimos días, el Gobierno recaudó $1,503 billones destinados al SisVial desde 2024 hasta mayo de 2026, pero ejecutó $394.406 millones en obras viales. Más de $1 billón permanecía a fines de mayo en inversiones financieras, entre ellas plazos fijos y títulos públicos. La tasa de subejecución acumulada del período alcanzaba al 73,8%.