El jurado del juicio de Lindsay Clancy pasó el tercer día consecutivo deliberando sin llegar a un veredicto. La exenfermera está acusada de estrangular a sus tres hijos en 2023 en Massachusetts.
El jurado del juicio de Lindsay Clancy pasó este lunes por tercer día consecutivo deliberando sin llegar a un veredicto sobre si la exenfermera de partos es penalmente responsable de la muerte de sus tres hijos en 2023.
El jueves, en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth, el jurado comenzó a deliberar tras escuchar el testimonio de más de 70 testigos de la fiscalía, incluido su entonces marido, y diez testigos de la defensa durante cinco semanas.
Clancy no niega haber estrangulado a sus hijos. Su abogado afirma que actuó sin contacto con la realidad debido a una psicosis posparto, una enfermedad mental poco común que puede aparecer tras dar a luz. En los meses previos a los hechos, Clancy buscó tratamiento para su salud mental y fue ingresada en un hospital psiquiátrico.
Los fiscales sostienen que Clancy sabía lo que hacía. Afirman que estranguló a los niños porque estaba deprimida y cansada de vivir, y que tomó la decisión consciente de matarlos antes de intentar suicidarse.
El jurado podría declararla culpable de asesinato o de homicidio involuntario, o podría absolverla si determina que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Las posibles consecuencias incluyen cadena perpetua, libertad o internación en un centro de salud mental.
Cora Clancy, de 5 años, y sus hermanos Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses, fueron estrangulados el 24 de enero de 2023 con bandas elásticas de ejercicio en el sótano de la casa familiar en Duxbury, Massachusetts. La mujer intentó suicidarse saltando desde una ventana del segundo piso y permanece paralizada de la cintura para abajo.
Lindsay Clancy, de 36 años y originaria de Wallingford, Connecticut, se declaró inocente por falta de responsabilidad penal. No testificó durante el juicio. El jurado escuchó testimonios de profesionales médicos que la trataron, así como de amigos y familiares a quienes había contado sobre sus problemas de salud mental.
Los expertos médicos llamados por la fiscalía y la defensa discreparon sobre su probable estado mental al momento de los hechos.