El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba revocó la condena a prisión perpetua y ordenó la liberación de Paola Verónica Ortiz, quien permaneció detenida desde 2012 por un caso vinculado a una emergencia obstétrica.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba revocó este martes la condena a prisión perpetua de Paola Verónica Ortiz y ordenó su inmediata libertad. Ortiz permaneció 13 años detenida en relación con un hecho ocurrido en 2012, cuando atravesó un parto sin asistencia médica ni acompañamiento. El nacimiento resultó en la muerte del bebé y la justicia la condenó por homicidio agravado por el vínculo.
Al momento del hecho, Ortiz tenía tres hijos, no había completado la escuela secundaria, residía en una habitación prestada y no contaba con empleo formal. El embarazo y el parto transcurrieron en soledad, sin redes de contención, recursos materiales ni apoyo emocional, en un contexto que incluyó antecedentes de violencia física, sexual y económica.
En la resolución, el TSJ señaló que en la revisión anterior “no se adoptó un enfoque de interseccionalidad que permitiera visibilizar la confluencia del género con la precariedad económica, el historial de victimización y la violencia familiar”. En consecuencia, el tribunal modificó la pena de prisión perpetua y la fijó en 13 años, 9 meses y 26 días, reconociendo circunstancias extraordinarias de atenuación vinculadas a la vulnerabilidad, pobreza y violencia que atravesaba la mujer.
La revisión del caso fue impulsada por las abogadas Rocío García Garro, de la Guardia Feminista de Abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CDD), y Julia Luna. En un comunicado, CDD expresó: “Gracias a la fuerza, la convicción y la decisión de Paola de cambiar su propia historia y hacer escuchar su propia voz, y a la potencia de los feminismos que demostramos, una vez más, que organizadas podemos transformar la realidad, hoy esta historia tiene un nuevo capítulo. Celebramos esta decisión como un triunfo del movimiento feminista de Argentina y de la región”.
El litigio estratégico comenzó en 2023 y se centró en la falta de perspectiva de género en la condena, considerando las múltiples violencias y condiciones de vulnerabilidad. Una trabajadora social del Equipo de Salud de CDD acompañó presencialmente a Ortiz durante los últimos meses. Además, se conformó la Mesa por la libertad de Paola, con adhesión de organizaciones y referentes de distintas regiones.
El proceso contó con el acompañamiento de organizaciones feministas, de derechos humanos y académicas que se presentaron como Amicus Curiae, entre ellas el CELS, Fundeps, INCECIP, ELA, CLADEM, CLACAI, la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, la Asociación Civil Abogadas por Chaco, El Telar-Red Feminista Comunitaria de América Latina, Innocence Project Argentina, la Asociación Civil Comunidad, el grupo de investigación DECyT “Doctrina Penal Feminista” de la Facultad de Derecho de la UBA y el O’Neill Institute. Estas entidades advirtieron sobre la ausencia de perspectiva de género con enfoque interseccional y el uso de estereotipos sexistas sobre el rol materno.
Desde CDD agregaron: “Buscamos que su caso fuera escuchado y sostuvimos durante este tiempo la convicción de que la justicia se transforma cuando los feminismos disputamos aquello que durante mucho tiempo fue presentado como incuestionable”. Y concluyeron: “La lucha feminista es transformadora”.