La Asamblea Ni Una Menos, Mumalá y otras organizaciones de la capital provincial exigen la declaración de la ley de Emergencia en Violencia de Género a nivel provincial y nacional.
La Asamblea Ni Una Menos de la ciudad de Santa Fe, junto con Mumalá y organizaciones sindicales y sociales de la capital provincial, solicitaron la declaración de la Ley de Emergencia en Violencia de Género. “Nuestras vidas están en emergencia. Exigimos la urgente declaración de la Emergencia en Violencias de Género en Santa Fe y a nivel nacional”, indicaron en un comunicado.
Según el Observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos de MuMaLá, en la provincia, entre enero y el 18 de agosto de 2026, se registraron 32 femi/transfemicidios y 62 intentos de femicidio.
Las organizaciones señalaron que “los Estados son responsables” y que “los casos se multiplican en forma alarmante y ponen en evidencia el vaciamiento institucional, la falta de presupuestos, de presencia y asistencia en el territorio, de campañas de prevención, la desprotección de mujeres y disidencias”.
La declaración de la emergencia en violencia de género implica que el Estado reconoce la existencia de la problemática y la considera prioritaria para la asignación de presupuesto y la generación de políticas públicas.
Contexto institucional
A nivel nacional, el gobierno de La Libertad Avanza eliminó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, lo que dejó a Argentina sin un organismo específico para la articulación de políticas en la materia desde 1987. En Santa Fe, el cambio de Ministerio a Secretaría de Género implicó una reducción de partidas presupuestarias para estas políticas, según las organizaciones.
Alejandra García, militante de la Campaña por la Emergencia en Violencia de Género y de la Asamblea Ni Una Menos de Santa Fe, afirmó que la única política provincial en la materia es el Programa Acompañares, que consiste en una ayuda económica de pago único. “Es muy difícil acceder. Las organizaciones tenemos que ir y pelear a la Secretaría de Género para que le den esta ayuda, por así decirlo, a las mujeres. Generalmente también se revictimiza a las víctimas de violencia en este proceso”, declaró.
García también mencionó que existen “fortalecimientos de áreas de género en comunas y municipios, que no funcionan y no están pudiendo abarcar todas las situaciones y las problemáticas que hay en torno a la violencia de género”.
A nivel nacional, sostuvo que solo se mantuvo el programa Acompañar, que establece una serie de requisitos para acceder a una ayuda económica por seis meses, entre ellos la realización de una denuncia. “Una mujer que vive con el violento tiene que hacer una denuncia y además, si está con niñeces, ¿qué hace? ¿Adónde va esa mujer con sus hijos para salir de la casa del violento?”, se preguntó.
Desde la Asamblea Ni Una Menos capitalina reclamaron la declaración de la Emergencia en Violencias de Género con partidas presupuestarias “acordes a la magnitud del problema, de rápida ejecución, con políticas integrales, sostenidas y con presencia territorial, que garanticen prevención, asistencia, protección y reparación”.
Datos nacionales
El Observatorio “Ahora que sí nos ven” registró entre enero y agosto de este año en Argentina 142 femicidios, 18 femicidios vinculados, siete casos de instigación al suicidio y seis transfemicidios/travesticidios, totalizando 173 víctimas. El relevamiento indicó que se produce una víctima letal de violencia de género cada 34 horas.
La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de víctimas con 52 casos, seguida de Santa Fe con 27 y Córdoba con 11.
El observatorio también contabilizó 235 intentos de femicidio, 38 intentos de femicidios vinculados y un intento de transfemicidio, lo que equivale a un intento cada 25 horas en el período mencionado.
Según el informe, el 42% de los crímenes ocurrieron en la vivienda de la víctima, el 22% en vivienda compartida, el 19% en la vía pública y el 7% en la vivienda del agresor. En el 64% de los casos, el agresor pertenecía al círculo íntimo de la víctima: parejas (41%) y exparejas (23%).
Desde el observatorio señalaron que “el Estado ha perdido capacidad de detección temprana y acompañamiento territorial” y que “el vaciamiento de las políticas públicas y el avance de proyectos legislativos que criminalizan a las denunciantes consolidan un marco de impunidad”.
Denuncias previas
El informe “Ahora que sí nos ven” indica que solo el 14% de las víctimas (24 de 173) había realizado al menos una denuncia previa y el 9% (16 de 173) contaba con una medida judicial vigente. La organización atribuyó la baja en las denuncias al contexto de discusión pública generado por el proyecto de la senadora Carolina Losada, que propone incrementar las penas para las “falsas denuncias”.
El estudio concluye: “La frecuencia de un femicidio cada 34 horas es el diagnóstico de un sistema de protección estatal en colapso. Se requieren respuestas institucionales urgentes, recursos presupuestarios adecuados y un marco legal que proteja, en lugar de criminalizar a quienes denuncian violencias”.