Una nueva misión del FMI revisa las metas fiscales y recomienda reformas impositivas. El Presupuesto 2027 proyecta un aumento de la presión tributaria, según el IARAF, mientras los sectores productivos plantean sus demandas.
El debate impositivo en la Argentina vuelve a situarse en el centro de la escena económica. La llegada de una nueva misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezada por Joyce Wong -la tercera revisión define un desembolso de US$ 867 millones- pone a prueba el compromiso nacional con el superávit primario, fijado en 1,4% del PBI para 2026.
En sus recomendaciones técnicas para consolidar la meta fiscal y ampliar la recaudación, el FMI ha vuelto a sugerir reformas estructurales sobre los impuestos de mayor masa impositiva:
- Impuesto a las Ganancias: Ampliar la base de contribuyentes de la cuarta categoría mediante la reducción del piso a partir del cual tributan los empleados en relación de dependencia.
- Impuesto al Valor Agregado (IVA): Extender la base imponible del tributo hacia bienes y servicios que actualmente se encuentran exentos.
- Monotributo: Reformar el régimen simplificado para incrementar los topes y valores de las categorías.
Presupuesto 2027 y la radiografía del IARAF
Desde la perspectiva oficial, el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 ratifica la regla del déficit cero, estimando un resultado financiero superavitario de $246.741 millones, sobre la hipótesis de un crecimiento del PBI del 4% y una inflación anual del 18%.
Un informe técnico del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sobre el proyecto presupuestario advierte que la presión tributaria efectiva nacional aumentará del 21,1% del PBI en 2026 al 21,7% en 2027 (+0,64 p.p. del PBI), a contramano del discurso que sostiene el Ministerio de Economía como propósito de gestión.
De acuerdo con las proyecciones del IARAF, la mayor carga tributaria en 2027 estará explicada por subas en:
- Ganancias: +0,24 p.p. del PBI (alcanzando un 4,89% del PBI).
- IVA Neto: +0,23 p.p. del PBI (subiendo al 6,95% del PBI).
- Impuesto a los Combustibles: +0,19 p.p. del PBI (hasta 0,86% del PBI).
- Derechos de Exportación (retenciones): +0,10 p.p. del PBI (alcanzando el 0,85% del PBI).
- Derechos de Importación y Tasa Estadística: +0,08 p.p. del PBI.
- Créditos y Débitos en Cuenta Corriente (Impuesto al Cheque): +0,03 p.p. del PBI.
En contraposición, las únicas bajas proyectadas por el IARAF corresponden a la Seguridad Social (-0,19 p.p. del PBI, ubicándose en 5,07%) y a Bienes Personales (-0,03 p.p. del PBI).
Si bien la presión de 2027 (21,7%) continúa 4,4 p.p. por debajo del pico histórico registrado en 2015 (26,1%) y es inferior a los niveles de 2023 (22,6%) y 2024 (23,0%), el IARAF evidencia que el Gobierno proyecta una mayor recolección fiscal basada en tributos vinculados al consumo, los ingresos y el comercio exterior.
La agroindustria mira un acuerdo clave
Para el campo y la agroindustria de la región pampeana, los datos del Presupuesto confirman que la presión efectiva de los Derechos de Exportación aumentará del 0,75% al 0,85% del PBI en 2027. Pero el sector pone sus mejores expectativas en el mediano plazo.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), Gustavo Idígoras remarca que el sector registra un flujo constante y previsible de liquidaciones de entre US$ 2.500 y US$ 3.000 millones mensuales, apoyado en una cosecha proyectada en torno a los 150 millones de toneladas.
En relación con el esquema de retenciones -el más relevante para el sector- contempla una reducción gradual del 0,5% mensual a partir de enero de 2027, lo que llevará la alícuota de la soja (hoy en 24% para el grano y 22,5% para subproductos) al 14% a fines de 2028.
Además, el acuerdo UE-Mercosur establece la eliminación total de retenciones tres años después de su entrada en vigor (mayo de 2029), excepto para la soja.
A corto plazo, a pesar de los reclamos del sector productor por una aceleración de las bajas, las autoridades gubernamentales y las cerealeras coinciden en que el Gobierno no tiene margen fiscal para encarar una baja inmediata o anticipada de retenciones. Por ende, el agro deberá convivir con los niveles actuales durante el próximo ciclo productivo.
Lo que pide la UIA
La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su profunda preocupación ante una caída de la producción industrial del -4,9% interanual (afectando a 12 de los 16 rubros medidos por INDEC).
La entidad remarcó que la industria argentina enfrenta una presión fiscal formal del 56% (récord a nivel internacional), sumada a tarifas energéticas industriales (GUDI) con incrementos de entre 90% y 100% y un nivel de crédito bancario al sector privado de apenas el 12% del PBI (frente al 60% en la región).
Ante este cuadro, la central fabril presentó a la Subsecretaría PyME un paquete técnico con propuestas de alivio impositivo coyuntural que incluye la suspensión de embargos bancarios por 180 días y facilidades para la migración entre planes de pago, además de la reducción de tasas de financiación de ARCA para micro, pequeñas y medianas empresas.
El planteo requiere el diferimiento del pago de IVA a 180 días para actividades de carácter estacional y la anualización de cargas sociales y postergación de contribuciones patronales para las economías regionales. También la agilización en la devolución de saldos a favor acumulados por impuestos nacionales.
Cuestionamientos al FMI… y a las provincias
Las entidades representativas del comercio y los servicios, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), fijaron tiempo atrás una postura crítica frente a las exigencias del organismo internacional.
La CAC tachó de «inapropiada» la pretensión del FMI de ampliar la base de Ganancias sobre los salarios o aplicar subas de magnitud al Monotributo.
Por su parte, CAME argumentó que reducir el poder adquisitivo de los trabajadores mediante incrementos en Ganancias o IVA solo logra contraer la demanda interna y el consumo, sin resolver los verdaderos problemas de competitividad.
De todas maneras -no es novedad- para CAME, el verdadero «nudo fiscal más dañino» está en la presión subnacional:
- Ingresos Brutos (IIBB): Es un impuesto en cascada que representa entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una Pyme, cobrándose sin importar si existe utilidad o pérdida.
- Tasas Municipales: Tasas como la de Seguridad e Higiene representan entre un 0,3% y un 1,2% adicional sobre las ventas brutas, muchas veces sin contraprestación efectiva de servicios.
- Retenciones provinciales y saldos a favor: Los regímenes de pago anticipado provincial generan saldos a favor cuya devolución demora entre 12 y 36 meses, provocando pérdidas de entre el 60% y el 80% de su valor real por inflación.
Como solución estructural, CAME plantea la convocatoria urgente de un Nuevo Consenso Fiscal que elimine Ingresos Brutos en las etapas productivas intermedias (fijándolo únicamente en la venta final al consumidor, como el IVA) y dote a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral de facultades para fiscalizar la devolución obligatoria de los saldos a favor en todo el país.