La causa por el asesinato de Lucía Carpanetto, de 21 años, ocurrido en diciembre de 2022 en la zona sur de Rosario, concluyó con un juicio abreviado en el que tres acusados aceptaron penas de 15, 28 y 32 años de prisión. La investigación determinó que el crimen fue encargado desde la cárcel de Piñero y que se pagaron 150 mil pesos.
La causa por el asesinato de Lucía Carpanetto, joven de 21 años baleada a fines de 2022, se resolvió en un juicio abreviado y tres acusados aceptaron condenas de 15, 28 y 32 años de prisión. La investigación develó un plan para matar a la mujer en el que participó un preso y hubo un pago de 150 mil pesos.
Los jueces Pablo Pinto, Ana Julia Milicic y Carlos Leiva homologaron el acuerdo presentado por la fiscal Laura Riccardo y aceptado por la defensa de los acusados. Así fueron condenados Valentín Rodríguez, señalado como autor material del crimen; Darío Varela, acusado de instigarlo desde prisión, y su hermana Silvina Ailén Varela, considerada partícipe primaria.
La investigación apuntó a un conflicto que Silvina Varela mantenía con Lucía, quien había sido pareja del hombre con el que ella tenía una relación. Según esa hipótesis, la información llegó hasta Darío, un preso de la cárcel de Piñero que usaba un teléfono celular desde el penal. Desde allí habría encargado a Rodríguez el asesinato y coordinó el pago para concretar la venganza.
Encargo desde la cárcel
Parte de esa historia pudo ser reconstruida a partir de los mensajes recuperados de los teléfonos analizados durante la investigación. Los investigadores encontraron conversaciones que habían sido eliminadas del celular de Silvina y que permitieron reconstruir los contactos con su hermano y las comunicaciones vinculadas con el crimen.
El 4 de diciembre de 2022 Silvina le contó a Darío sobre el conflicto que mantenía con Lucía y le envió información para identificarla. El hombre, que estaba detenido, pidió datos sobre la joven y recibió fotografías y referencias de sus redes sociales. El contacto continuó a través de un teléfono que había ingresado ilegalmente al penal.
En esas conversaciones Darío informó a su hermana el costo del encargo, estimado en 150 mil pesos, y luego avanzó con la organización del asesinato. La Fiscalía sostuvo que Rodríguez fue quien finalmente aceptó ejecutar el crimen a cambio del dinero. El plan consistía en generar una falsa cita sexual para llevar a Lucía hasta un lugar donde pudiera ser atacada.
El asesinato
Tras un intento fallido, se dio un encuentro después de la medianoche del 14 de diciembre de 2022. Rodríguez contactó a Lucía a través de las redes sociales y la citó en inmediaciones de Muñoz al 700, en barrio Roque Sáenz Peña. La joven llegó en taxi y quedó sola en una zona oscura, donde fue atacada.
Rodríguez le disparó en la cabeza con un arma de fuego, provocándole la muerte. Después se apoderó de su teléfono celular y eliminó contenido que, según la investigación, podía comprometerlo a él y a otras personas. La escena fue reconstruida también a partir de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos.
La investigación llevó inicialmente hasta Valentín Rodríguez, quien fue detenido en 2023 y quedó acusado de haber ejecutado el ataque. Sin embargo, el avance sobre el trasfondo del crimen demandó más tiempo y terminó llevando a los investigadores hasta Darío y Silvina Varela y a las comunicaciones mantenidas antes y después del asesinato.
Tres condenados
Darío Varela fue condenado a una pena única de 28 años de prisión. La sanción por el homicidio se unificó con una condena anterior de seis años dictada el 20 de marzo de 2023. En el caso de Carpanetto, fue considerado instigador del homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Silvina Ailén Varela recibió 15 años de prisión como partícipe primaria. Su participación había sido incorporada a la investigación a partir del análisis de sus comunicaciones y de la reconstrucción del vínculo con su hermano. En diciembre de 2025 había sido imputada por su presunta intervención en la planificación del crimen.
Rodríguez, finalmente, recibió la pena más alta: 32 años de prisión efectiva como autor del homicidio y por la tenencia o portación ilegal de un arma de guerra.