La reforma energética aprobada por el Congreso elimina los beneficios para el sur de Santa Fe, pero mantiene el impuesto del 7,5% en todo el país para financiar las ayudas en la Patagonia, la Puna y Malargüe.
La reforma energética aprobada por el Congreso de la Nación eliminó los beneficios de la Zona Fría para dos tercios de las áreas y la población que los recibían. En Santa Fe, unos 500 mil habitantes del sur provincial perdieron la ayuda estatal nacional para el servicio de gas natural. En todo el país, la quita alcanza a unos 4 millones de personas.
La ley, que fue votada en contra por los tres senadores nacionales por Santa Fe, establece que las ayudas serán solo para los climas más extremos: una pequeña porción de la población mendocina (en Malargüe), del Noroeste del país (en la Puna) y en toda la Patagonia. Esta situación regía hasta 2021.
Cuando se creó esta ayuda en 2002, las tarifas del gas natural estaban atrasadas y el contexto cambiario era el de la salida de la convertibilidad. Para altos consumos, ni la pesificación de las tarifas de aquellos años fue suficiente para que los usuarios residenciales con gas natural en la Patagonia pudieran afrontar las boletas. Durante las dos décadas siguientes, con algún paréntesis, las tarifas en todos los niveles y servicios fueron subsidiadas por el Estado nacional. Desde diciembre de 2023, la política es la opuesta: se busca que los usuarios residenciales, comerciales e industriales paguen tarifas sin ayudas y que haya solo subsidios focalizados para los hogares más vulnerables, cuyos ingresos no superen tres canastas básicas.
Pese a la reducción del número de beneficiarios, la ley mantiene una alícuota de hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, que pagan todos los usuarios del país. Esa alícuota financia las ayudas para un número mucho menor de hogares. La norma dispone que se cobre ‘hasta el 7,5%’, pero la política energética actual busca que el Estado se retire de los subsidios y las regulaciones, con dolarización de las tarifas y traspaso directo del costo real de la energía a las facturas finales.
Ese desequilibrio (iguales impuestos para una asignación menor) podría corregirse con un retiro del Estado nacional en sus aportes para sostener el valor del gas natural o con una baja de la alícuota. La ley no modifica la fuente de ingresos pese a que ha bajado sustancialmente la cantidad de metros cúbicos a subsidiar.