Según el Índice Fácil Productivo de Idesa, Rosario obtuvo 40,16 puntos sobre 100 en condiciones para habilitar actividades económicas. El ranking es encabezado por Tres de Febrero, con 60,90 puntos.
El municipio de Rosario obtuvo 40,16 puntos sobre 100 en el Índice Fácil Productivo elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), que evalúa las condiciones para abrir un negocio en 30 ciudades argentinas. El ranking es encabezado por Tres de Febrero, con 60,90 puntos, seguido por Córdoba capital (59,03), Santa Fe (53,97), Luján (53,86) y Río Cuarto (52,70).
Rosario integra el grupo de ciudades con calificaciones cercanas a los 40 puntos, junto con Mendoza, San Miguel de Tucumán, La Plata, Ciudad de Buenos Aires y Paraná. En el extremo inferior se ubican Lanús (28,04), Quilmes (28,01), Avellaneda (25,86) y Pilar (20,93).
El índice utiliza una escala de cero a 100, en la que los puntajes más altos representan mayores facilidades administrativas. No mide directamente el tiempo que demora una habilitación ni el dinero que paga un emprendedor, sino las condiciones disponibles para completar los procedimientos.
Qué se analizó
Para elaborar el índice, Idesa tomó como referencia un estudio del BID de 2018 denominado El fin del trámite eterno: Ciudadanos, burocracia y gobierno digital. El trabajo examinó los procedimientos necesarios para habilitar 12 tipos de actividades económicas, entre ellas quioscos, farmacias, ferreterías, verdulerías, carnicerías, restaurantes, estaciones de servicio, clínicas privadas, comercios, estudios contables y jurídicos e industrias metalúrgicas y alimenticias.
Los investigadores relevaron los trámites que debe completar una persona o empresa para iniciar cada actividad, independientemente de si corresponden a organismos municipales o provinciales. También analizaron los requisitos exigidos, las tasas, los medios de pago disponibles y la existencia de guías que expliquen cómo realizar las gestiones. Otro aspecto considerado fue la información pública: si los municipios cuentan con páginas de internet donde se detallan los procedimientos, si publican las normas que los regulan y si ofrecen herramientas para consultar el estado de una solicitud.
El informe difundido no incluye un desglose específico de los resultados de Rosario por cada una de las variables evaluadas. Por lo tanto, el puntaje general permite compararla con otras ciudades, pero no determinar qué procedimientos locales tuvieron mayor incidencia en su calificación.
Requisitos y burocracia
Según Idesa, en el 85% de los trámites relevados se pide información que el propio municipio podría tener o conseguir a través de otros organismos públicos, tanto nacionales como provinciales. El estudio vincula esta situación con la falta de mecanismos de intercambio de información entre dependencias estatales.
También encontró que en el 70% de los municipios se exige realizar, en promedio, más de tres trámites previos para obtener una habilitación. En el 30% de las jurisdicciones se solicitan más de siete requisitos por trámite, también en promedio.
“Este ha sido un trabajo puntual para el BID, pero la idea es actualizarlo una vez al año. El objetivo es ayudar a los municipios a poner el foco en los trámites y en facilitar la operatoria; hay ciudades cuyas ordenanzas de habilitación de negocios no se cambian desde hace 20 años, estamos en tiempos en que ya no debería pedirse una fotocopia”, explicó Ramiro Fadul, investigador senior de Idesa.
Estas cifras describen las características del conjunto de municipios analizados y no corresponden exclusivamente a Rosario.
Habilitaciones online y costos
De acuerdo con el relevamiento, solo diez de los 30 municipios cuentan con procedimientos de habilitación que pueden realizarse completamente online. En las otras veinte jurisdicciones existe al menos una gestión que requiere concurrir presencialmente a una oficina pública.
“Además, la mayoría de las ciudades tienen sus procesos de digitalización de los trámites incompletos. Sólo 10 ciudades tienen sus trámites de habilitación 100% online”, indicó Fadul.
En veinte municipios, todas las tasas correspondientes a los trámites relevados pueden abonarse digitalmente o son gratuitas. En los diez restantes, al menos un pago debe efectuarse de manera presencial.
El informe también examinó la posibilidad de conocer de antemano el costo de una habilitación. En el 38% de los trámites no fue posible determinar el importe, porque la información disponible no incluía los montos ni referencias normativas suficientes para calcularlos. Los criterios para establecer las tasas tampoco son iguales: en algunos municipios el importe depende de la cantidad de empleados, mientras que en otros se calcula según los metros cuadrados del establecimiento.
Respecto del seguimiento de los expedientes, el estudio señala que en el 57% de las ciudades existe al menos un trámite cuyo estado debe consultarse presencialmente. En otros casos se utilizan herramientas como el correo electrónico, WhatsApp o comunicaciones telefónicas.
Diferencias según el tipo de negocio
El relevamiento distingue entre actividades de menor complejidad administrativa y establecimientos que requieren controles adicionales. Entre las primeras aparecen pequeños comercios, locales gastronómicos y estudios profesionales. En cambio, las clínicas privadas, estaciones de servicio e industrias suelen necesitar documentación técnica, certificados de seguridad, evaluaciones ambientales o autorizaciones de distintos organismos.
En el conjunto de municipios evaluados, las actividades simples obtuvieron un promedio de 40,2 puntos, frente a los 38,3 registrados para las de mayor complejidad. En 17 de las 30 jurisdicciones, los negocios simples alcanzaron calificaciones superiores.
El informe difundido no presenta los puntajes separados por tipo de actividad para Rosario, por lo que su calificación de 40,16 puntos corresponde al resultado general.
Para realizar el estudio se seleccionaron originalmente 31 jurisdicciones por su relevancia económica, población y diversidad de condiciones administrativas. Finalmente, José C. Paz quedó excluido porque no se encontró información pública suficiente para evaluar sus trámites. Los datos corresponden a las condiciones administrativas registradas hasta el 30 de mayo de 2026.