La comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados recibirá este miércoles a abogados, organismos de derechos humanos y asociaciones de víctimas para discutir el proyecto de reforma. El oficialismo defiende la iniciativa y la Corte Suprema presentó observaciones.
La comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe recibirá este miércoles por la tarde a representantes del Colegio de Abogados de Rosario, el Colegio de Abogados de Santa Fe, el Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, según informaron fuentes legislativas. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia provincial presentó observaciones al proyecto de reforma del sistema de seguridad.
También serán recibidas la Asociación Civil Familiares de Víctimas contra la Inseguridad de Rosario, el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, la Red Puentes y la Red de Vecinales por Seguridad y Desarrollo Humano.
El presidente de la comisión de Seguridad y vocero del proyecto del oficialismo, Martín Rosúa (UCR), se refirió a las críticas sobre algunos puntos. «La política a veces tarda más en entender necesidades, pero es claro el apoyo social», indicó.
«Siempre habrá una tensión entre los derechos de la sociedad que quiere vivir en paz y los de los investigados, que no quieren que el Estado los pase por arriba. Se resuelve estudiando el texto y no con sesgo ideológico», explicó.
En otro argumento, Rosúa sostuvo: «Hay que mirar la primera etapa. Tuvimos cinco o seis leyes muy potentes que depararon esta misma discusión. Y tuvimos éxito en los resultados y ningún problema de exceso generalizado en la actuación de la policía o los fiscales».
Las observaciones de la Corte Suprema se centran en la inconveniencia de ampliar facultades a la policía y a los fiscales sin el control del juez. «Hay varias objeciones puntuales», confiaron fuentes del máximo tribunal a La Capital.
Uno de los puntos cuestionados es la aplicación de medidas coercitivas por decreto fiscal, que permitiría a la fiscalía imponer medidas no privativas de la libertad (como vigilancia electrónica, restricciones de circulación, supervisión o cauciones) mediante un decreto fundado, desplazando el control judicial a una etapa posterior. El texto del oficialismo afirma que «no afecta el derecho de defensa sino que reconfigura temporalmente su ejercicio».
Otro cuestionamiento es el procedimiento por decreto penal para delitos menores y contravenciones que no implican prisión efectiva y para casos con prueba objetiva contundente. El fiscal solicita un decreto de condena sin audiencia previa, el cual puede ser revisado por un juez si el condenado lo solicita.
El ministro de la Corte Daniel Erbetta fue uno de los que plantearon objeciones. Se propone que al menos haya pautas objetivas, de plazos, seguras y claras para evitar vicios.
El proyecto también reintroduce la declaración informativa en las etapas iniciales de la investigación, habilita el interrogatorio policial en los primeros momentos y elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.
Rosúa argumentó: «En una escena del delito, la policía, para mantener la seguridad pública o para evitar que ese delito se siga consumando, interroga a los que están en ese lugar en los primeros diez minutos porque pueden terminar con ese delito o conducir la investigación. Es lo más natural del mundo que pregunte ni bien llega».
Consultado sobre la validez probatoria de esas declaraciones, Rosúa afirmó: «Si no quiere declarar, se pide un abogado defensor. Nadie va a habilitar ninguna coacción». Y agregó: «¿Es un problema generalizado (las nulidades)? Hoy en el procedimiento no tenemos causas constantes por nulidad de la policía o los fiscales y, si no es un fenómeno, no podemos legislar atendiendo eso. No es una ley de potenciar las facultades policiales sino para darle herramientas al Estado para modernizarse en la lucha contra el delito».
Otro punto cuestionado es el allanamiento automático por secuestro de armas, que faculta el allanamiento sin orden judicial cuando se trata del secuestro de armas de fuego o materiales controlados en la vía pública. Rosúa explicó: «El control lo difiero, pero te doy la herramienta para que se actúe». Y añadió: «¿No es sentido común que a una persona que encontrás con un arma o explosivo en la calle automáticamente le podés allanar la casa sin dilaciones?».
La votación en la Cámara baja está prevista para la sesión del 29 de octubre. Antes, el proyecto deberá afinarse y acordarse dentro del bloque Unidos. «Podemos tener matices o miradas diferentes, pero respecto de todo el paquete anterior siempre la discusión en Unidos fue enriquecedora», concluyó Rosúa.