La Justicia de Tierra del Fuego ordenó este miércoles un allanamiento en la terminal marítima para garantizar el ingreso del personal técnico de la Secretaría de Ambiente provincial, tras denuncias por bloqueos a las fiscalizaciones. El procedimiento se realizó en el predio de la avenida Maipú 510.
La Justicia de Tierra del Fuego ordenó este miércoles un allanamiento en el puerto de Ushuaia con el objetivo de garantizar el ingreso del personal técnico de la Secretaría de Ambiente provincial, luego de reiteradas denuncias por bloqueos y trabas a las inspecciones de fiscalización ambiental.
El procedimiento comenzó a las 14 en el predio portuario ubicado en la avenida Maipú 510. La orden fue dictada por la jueza de instrucción 2, María Cristina Barrionuevo, en el marco de la causa 42.281/2026, iniciada tras una denuncia formal de la Fiscalía de Estado.
Según la acusación, funcionarios provinciales sufrieron impedimentos sistemáticos para acceder al puerto y realizar tareas de auditoría entre los meses de agosto y octubre.
Frente a la repetición de estos episodios, el juzgado autorizó el registro oficial y delegó el operativo en la Prefectura Naval Argentina. La resolución habilitó de manera expresa el uso de la fuerza pública, aunque supeditado a casos de estricta necesidad para asegurar el cumplimiento de la manda legal.
El foco de la inspección técnica que desplegaron los equipos de las áreas de Gestión Ambiental y Recursos Hídricos de la Provincia apuntó a los muelles Comercial y de Catamarán, la Plazoleta Fiscal y el Taller Mecánico, además de otras zonas críticas de almacenamiento, relleno y sistemas de drenaje pluvial, de acuerdo al mandato judicial.
El objetivo central de los peritos es determinar la presunta presencia de residuos peligrosos, evaluar sus condiciones de conservación y verificar los registros de trazabilidad, informaron fuentes judiciales.
Asimismo, según la resolución de la justicia, se inspeccionan posibles derrames o filtraciones contaminantes vinculadas al mantenimiento de las embarcaciones que puedan poner en riesgo el recurso hídrico local.
El dictamen judicial aclaró que los antecedentes reunidos hasta el momento no acreditan por sí mismos la existencia de una contaminación actual en el predio, sino que la urgencia radica en transparentar la gestión de los residuos y destrabar el poder de policía del Estado.
Con el acceso de los inspectores finalmente garantizado por el allanamiento, la investigación judicial avanza ahora para esclarecer la responsabilidad de las autoridades portuarias en el presunto ocultamiento y obstrucción de los controles públicos.