La denuncia fue presentada por el Instituto Independencia y la asociación El Ceibo, con patrocinio de los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia. Se basa en el artículo 212 del Código Penal y recayó en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo.
El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por incitación a la violencia colectiva contra periodistas. La presentación se funda en el artículo 212 del Código Penal y fue radicada por el Instituto Independencia, representado por su presidenta, Daniela Alejandra Bambill, junto con la Asociación Civil Centro de Estudios Bonaerense «El Ceibo», representada por su presidente, Joel Vinicius Sverdlik, con el patrocinio de los abogados Eduardo S. Barcesat y Daniel Aníbal Valmaggia. La causa recayó en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo.
Los denunciantes señalaron que el 23 de octubre de 2026, durante la cena de la Fundación Faro en el Yacht Club de Puerto Madero, el Presidente nombró a los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Luis Novaresio, Paulino Rodrigues y Natalia Volosin, junto con «todos los demás que utilizaron este tema», en referencia al caso $LIBRA, y afirmó que «los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta».
Milei se refirió en esos términos luego de que el juez Marcelo Martínez de Giorgi avalara el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, que concluyó que los hechos denunciados no encuadran en una figura penal como estafa, abuso de autoridad o tráfico de influencias. El fallo de 60 páginas determinó que, si bien el tuit y la promoción pública de Milei en sus redes sociales personales pudieron dar visibilidad al token e influir en la confianza de los compradores, esto no demostraba por sí solo un engaño o ardid defraudatorio. El juzgado consideró que la abrupta subida y posterior desplome del precio del activo digital formó parte del riesgo financiero asumido por los inversores.
Ante las reacciones públicas, el vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que las declaraciones del mandatario no deben interpretarse de manera literal, y las catalogó como una «figura retórica» y una reacción política ante presuntas operaciones para afectar su imagen.
En paralelo, Milei ha promovido denuncias penales por «calumnias e injurias» contra periodistas de diversas tendencias, además de proferir insultos generalizados acusando a trabajadores de prensa de ser «ensobrados», «coimeros» o «las prostitutas de los políticos».
La denuncia sostiene que los destinatarios del ataque presidencial están individualizados, que el emisor es la máxima autoridad del Estado y que el contexto es de escalada de hostilidad hacia la prensa, según lo registrado por FOPEA.
Subsidiariamente, los denunciantes piden investigar el posible delito de intimidación pública (art. 211), amenazas (art. 149 bis) e incitación al odio por ideas políticas (ley 23.592, art. 3). También solicitan preservar el registro audiovisual del discurso, citar a los periodistas nombrados y adoptar medidas de protección a su favor. Se reservaron el derecho de constituirse como querellantes.