La Cámara de Diputados postergó por siete días el tratamiento del mensaje ‘Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública’. La bancada socialista propone cambios que el radicalismo no acepta. El oficialismo insiste en el texto original.
La Cámara de Diputados de Santa Fe postergó por siete días el tratamiento en el recinto del mensaje del Poder Ejecutivo titulado ‘Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública’. La decisión se tomó el jueves pasado, luego de que el interbloque de Unidos no lograra sintetizar un dictamen en comisiones.
El expediente ingresó a la Cámara el 14 de mayo a las 9.09, según el sello de Mesa de Entradas. Dos meses después, ante la falta de avances en comisiones, el radicalismo logró que el proyecto sea considerado en forma conjunta por las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General. La primera es presidida por Martín Rosúa (UCR) y la segunda por Lionella Cattalini (socialismo).
El interbloque de Unidos tiene 28 integrantes: 14 socialistas, 9 radicales, 3 del Pro y los unipersonales de Creo y Uno. Las diferencias se centran en el alcance de las reformas propuestas.
Se realizaron dos plenarios en comisiones. En el primero expusieron la Corte Suprema de Justicia en pleno, autoridades del Ministerio Público de la Acusación y la Defensora Pública Penal. Los ministros del tribunal superior y Estrella Moreno Robinson advirtieron sobre los riesgos de algunas figuras incorporadas en el texto. En el segundo participaron colegios de abogados, abogados rosarinos y entidades defensoras de derechos humanos, con críticas mayores.
El paquete ‘Herramientas’ abarca 9 reformas al Código Procesal Penal y modifica un artículo de la Ley de Ejecución de la Pena, otro de la Ley de Inteligencia, 3 artículos de la norma sobre Protección de Víctimas y Recompensas, y sendos artículos de la Orgánica de la Policía y del Código de Convivencia.
El presidente provisional del Senado y presidente de la UCR, Felipe Michlig, en la sesión del 22 de octubre, instó a la Cámara Baja a aprobar el paquete de leyes de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro y recordó que el Senado ya había dado luz verde a varias de esas iniciativas meses atrás.
El gobernador Pullaro declaró el miércoles ante personal del Servicio Penitenciario: ‘Nosotros necesitamos más herramientas. Vamos a mandar más leyes a la Legislatura para pedirle más herramientas porque las necesitamos’. Ante cuestionamientos por una posible inconstitucionalidad, afirmó: ‘Yo no voy a mandar ninguna ley que es inconstitucional’.
Los diputados radicales José Corral y Rosúa se manifestaron dispuestos a votar las herramientas reclamadas por el Ejecutivo. El día previo a la sesión, en una reunión con el interbloque de Unidos, los ministros Fabián Bastia y Pablo Cococcioni ratificaron que el proyecto era el texto original. Participantes de ese encuentro lo describieron como una reunión con polémica y cruces políticos.
El jueves, Unidos no pudo emitir dictamen en comisiones. La oposición aguardaba en los pasillos; varios sectores anticiparon su voto en contra, especialmente el interbloque del PJ y la izquierda.
Tras la sesión, Corral y Cattalini respondieron de forma escueta sobre el tema Herramientas. El resto del bloque socialista no hizo declaraciones. Según versiones, hay capítulos del proyecto que no pueden votar y consideran que la salida es el diálogo para buscar un acuerdo.
Los radicales sostienen que el Ejecutivo necesita más herramientas para mejorar la seguridad pública y cuestionan que los socialistas no valoren lo actuado en Rosario durante la gestión actual. En el Ejecutivo se muestran dispuestos a explicar las medidas solicitadas y consideran que pueden votarse por partes sin alterar el propósito.
El exgobernador Antonio Bonfatti, hoy diputado provincial, participó el jueves del streaming del acto donde el radicalismo conmemoró el triunfo de 1983. Desde el socialismo no se planteó como alternativa romper la coalición.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, al presentar el Presupuesto 2027, destacó que una de las prioridades son las inversiones en seguridad, con $2,34 billones para cárceles, estaciones policiales y equipamiento de las fuerzas.
Mientras Unidos mantenía el tema Herramientas trabado en la Legislatura, el gobernador Pullaro recibió a tres de las principales figuras del gabinete nacional en la ronda de negocios de RIGI en Rosario.
Interrogatorio policial
Uno de los temas que genera polémica en Unidos es la declaración informativa e interrogatorio policial. El Poder Ejecutivo propone restituir la figura de la declaración informativa para los primeros momentos investigativos, con el fin de facilitar la recolección de información cuando aún es prematuro definir si una persona debe declarar como imputado o como testigo, evitando la declaración bajo juramento de personas que podrían ser luego imputadas. Además, habilita el interrogatorio policial en los primeros momentos investigativos y elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.
Juicio en rebeldía
Otro punto de división es la posibilidad de enjuiciamiento penal en rebeldía. Los fundamentos del mensaje señalan que ya existe en ciertos supuestos en el estado actual de la legislación. ‘No se viola el derecho de defensa si la persona es debidamente notificada de la causa en su contra, quedando a su criterio la posibilidad de comparecer a defenderse o no hacerlo, debiendo soportar en este último caso las consecuencias de su contumacia’, expresa el texto. También prevé la revisabilidad de la condena en rebeldía y regula el supuesto de aparición tardía del imputado, cuando invocara motivos atendibles para justificar su incomparecencia.