El Tribunal Oral Federal de Santa Fe impuso una pena de tres años de prisión en suspenso a Roque Adrián Garramuño por tenencia de materiales inflamables sin autorización legal. La investigación se originó en denuncias del Enargas y de cámaras del sector por la falsificación de obleas y la instalación irregular de equipos de GNC.
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe, a cargo del juez Luciano Lauría, dictó sentencia este miércoles 4 de noviembre en la causa iniciada por irregularidades en la instalación de equipos de gas natural comprimido (GNC). La pena recayó sobre Roque Adrián Garramuño, de 51 años, quien fue declarado autor del delito de tenencia de materiales explosivos o inflamables sin la debida autorización legal, previsto en el artículo 189 bis, inciso 1°, tercer párrafo, del Código Penal.
La condena fue de tres años de prisión en suspenso, acordada mediante un juicio abreviado con la intervención del fiscal federal auxiliar Nicolás Sacco y el consentimiento del imputado y su abogado particular, Sebastián Oroño. El magistrado impuso además reglas de conducta por igual período: fijar residencia, someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y abstenerse de cometer nuevos delitos.
Origen de la investigación
El expediente se inició a partir de denuncias de la Gerencia de Gas Natural Comprimido del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y del asesor letrado de la Cámara de Talleristas Integrales de GNC y Afines de la Región Centro y de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines de Santa Fe. Las presentaciones advertían sobre la presunta falsificación y comercialización de obleas habilitantes para equipos de GNC, ofrecidas a través de redes sociales.
La investigación quedó inicialmente en manos del entonces fiscal federal N° 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, quien actualmente se desempeña como juez federal en esta jurisdicción. Por disposición de la fiscalía, las tareas fueron encomendadas a la Delegación de Inteligencia e Investigación Criminal de Prefectura Naval Argentina en Santa Fe. Los investigadores detectaron actividades de montaje de equipos, pruebas hidráulicas y provisión de obleas al margen de los controles del organismo regulador.
Allanamientos y secuestros
El 26 de mayo de 2020 se concretaron los allanamientos. En el taller de Garramuño, ubicado en Monseñor Zaspe al 3900, los prefectos secuestraron once cilindros de GNC y un Renault Sandero con un equipo instalado. También se realizaron procedimientos en otros domicilios vinculados con la pesquisa, donde fueron incautados más tubos y documentación relacionada con la actividad.
En su resolución, Lauría destacó los informes técnicos del Enargas. El organismo determinó que los cilindros secuestrados no tenían documentación que acreditara su procedencia ni su aptitud técnica. También constató que el Renault Sandero no estaba registrado como habilitado para utilizar GNC y que la oblea adherida a su parabrisas correspondía a otro vehículo. Los dos cilindros encontrados en el baúl tampoco registraban operaciones asociadas. A esto se sumó que los domicilios investigados carecían de certificación vigente para funcionar como talleres de montaje de equipos de gas.
Para el magistrado, las pruebas permitieron acreditar que Garramuño tenía bajo su poder materiales inflamables sin autorización legal y que, por su actividad específica, conocía las exigencias reglamentarias para su almacenamiento, instalación y utilización. El propio imputado reconoció los hechos al prestar conformidad con el acuerdo abreviado.
La sentencia también ordenó decomisar los once cilindros secuestrados en su domicilio y el equipo de GNC instalado en el Renault Sandero, al considerar que la medida resultaba necesaria para proteger la seguridad pública.
Situación de los otros involucrados
La investigación había alcanzado originalmente a otros dos hombres, vinculados con las instalaciones de equipos de GNC y la provisión de elementos para el funcionamiento de los talleres clandestinos. Ambos resolvieron su situación procesal mediante suspensiones de juicio a prueba, aunque en distintas instancias del expediente.
Carlos Alfredo P. obtuvo el beneficio durante la etapa de instrucción, a partir de un planteo presentado por la defensa oficial el 27 de abril de 2022. En tanto, Rodrigo Emiliano S. lo solicitó después de que las actuaciones fueran elevadas al Tribunal Oral Federal. El 25 de julio de ese año se le concedió la probation por el término de un año y, una vez cumplidas las condiciones impuestas, el 10 de octubre de 2023 se declaró extinguida la acción penal y se dispuso su sobreseimiento.
De esta manera, la condena dictada el miércoles recayó sobre el único de los tres imputados que llegó a juicio por la tenencia de materiales inflamables sin autorización legal.