Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano respaldaron la iniciativa aprobada por Diputados. La intención es sancionarla antes del 30 de noviembre, cuando concluyen las sesiones ordinarias, y evitar que el 31 de diciembre venza la Emergencia Nacional en Discapacidad.
Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano del Senado de la Nación dieron dictamen este miércoles al proyecto de ley de Discapacidad que recibió media sanción en Diputados con 237 votos favorables, 9 negativos y 4 abstenciones. La intención es convertirlo en ley antes del 30 de noviembre, cuando concluyen las sesiones ordinarias, y evitar que el 31 de diciembre venza la Emergencia Nacional en Discapacidad.
El senador peronista Carlos Linares retiró su iniciativa para prorrogar la emergencia hasta fines de 2027 y afirmó: “Hay una gran desesperación en todo el colectivo de la discapacidad”. Explicó que acompañará la media sanción porque “es lo más cercano que tenemos ahora y no es lo ideal”.
La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, valoró “una respuesta, ya no una emergencia, sino una respuesta permanente”. Defendió la continuidad de las prestaciones, el financiamiento y las auditorías, y remarcó que la pensión no debe impedir el acceso al trabajo.
El debate se produce mientras siguen bajo revisión 26.141 pensiones cuyo pago el Gobierno decidió mantener suspendido. Según reconocieron funcionarios ante Diputados, las auditorías ya habían obligado a restituir unas 150.000 prestaciones.
El texto mantiene la pensión no contributiva equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, el Certificado Único de Discapacidad, la compatibilidad con el empleo registrado para ingresos de hasta dos salarios mínimos y la cobertura de Incluir Salud. También preserva el nomenclador unificado y la actualización de aranceles, junto con controles administrativos y garantías para reclamar frente a suspensiones.
La senadora Alejandra Vigo (Provincias Unidas) cuestionó: “Creo que es una ley bastante oportunista”. Sostuvo que no se consultó suficientemente a los organismos federales ni a los prestadores y propuso revisar cuatro artículos: requisitos de acceso a las pensiones, financiamiento, compensaciones y vigencia. Sobre las deudas, advirtió que los montos arrastran una pérdida de valor que la nueva redacción no resuelve.
Juliana Di Tullio (Justicialismo) afirmó: “Nosotros vamos a firmar este dictamen”, aunque consideró que “este proyecto es malo”. Atribuyó el cambio de posición del oficialismo a la movilización de personas con discapacidad y sus familias y anticipó que el peronismo intentará modificar la ley después de sancionarla.
La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que incorporar progresivamente unos 200.000 titulares demandaría $598.912 millones adicionales en 2027, equivalentes al 0,04% del PBI. Separó de esa estimación los $278.323 millones de compensaciones pendientes a prestadores: son obligaciones anteriores, no un costo nuevo de la reforma.
El proyecto dispone que las partidas del Ministerio de Salud para el sistema no podrán caer en términos reales respecto del ejercicio previo. La senadora Mariana Juri (UCR) pidió que el financiamiento quede expresamente garantizado durante el debate del Presupuesto 2027 en Diputados, para que no llegue al Senado sin los recursos necesarios.
Vigo cuestionó, además, que el esquema no resuelva qué parte del costo terminan afrontando provincias y municipios. Desde La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala defendió el financiamiento previsto y sostuvo que el nuevo régimen debe asegurar controles y previsibilidad.
El titular de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde (LLA), anticipó que aspira a tratar la ley el 19 de noviembre. Sobre los fondos, dijo que esperan que Diputados “ya lo incluyan en el presupuesto” antes de enviarlo al Senado.