El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario dictó penas de entre 3 y 6 años para los ex integrantes de la delegación San Nicolás de la DIPPBA. Omar Andrada recibió prisión perpetua y Gregorio Florentino Mancilla fue absuelto.
El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario leyó este miércoles el veredicto del cuarto tramo de la causa Saint Amant, en el que se juzgaron crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la jurisdicción del Área Militar 132, que estuvo bajo el mando del fallecido coronel Manuel Saint Amant. Los hechos alcanzaron a 59 víctimas del noroeste de la provincia de Buenos Aires, en los distritos de Pergamino, San Nicolás y Baradero.
Entre los condenados se encuentran cuatro ex agentes de la delegación San Nicolás de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA): Enabel Otilio Cappa recibió 6 años de prisión; Miguel Ángel Amarillo, 4 años; y Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi, 3 años de ejecución condicional. Fueron hallados coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, y tormentos agravados por tratarse la víctima de un perseguido político.
Además, el Tribunal dispuso prisión perpetua para el ex mayor del Destacamento de Inteligencia 101 de San Nicolás, Omar Andrada, y penas de entre 3 y 6 años para el ex cabo de la delegación San Nicolás de la Policía Federal, Adrián Domingo Meisner, y el ex coronel Carlos Manuel Biglieri, quien al momento de los hechos ocupaba el cargo de subteniente de la Sección Antisubversiva del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás. El también cabo de la Policía Federal Gregorio Florentino Mancilla fue absuelto.
El juicio Saint Amant IV se había iniciado el 14 de marzo de 2024. La lectura del veredicto se realizó en una sala con presencia de familiares y víctimas del terrorismo de Estado. Participaron representantes de la Mesa por la Memoria de San Nicolás y de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino, junto al Secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Roberto Cipriano García, y la Directora General, Sandra Raggio.
La CPM fue querellante en la causa y, en su carácter de organismo de custodia del archivo de la DIPPBA, presentó documentación durante la instrucción y el debate oral. Según la CPM, ese material permitió corroborar la participación de los agentes en la inteligencia sobre las víctimas y en los grupos de tareas que las secuestraron.
El fallo concluyó con una absolución y siete condenas: una de prisión perpetua y el resto con penas de entre 3 y 6 años.