El proyecto CD-26/24, con media sanción de Diputados desde noviembre de 2024, vence el 30 de noviembre y si el Senado no lo trata antes perderá estado parlamentario. La iniciativa está detenida en las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, presididas por los senadores libertarios Ivanna Arrascaeta, Nadia Márquez y Gonzalo Guzmán Coraita, que no convocaron a dictaminar.
El proyecto de ley de prevención de la ludopatía, identificado como CD-26/24, con media sanción de la Cámara de Diputados desde noviembre de 2024, vence el 30 de noviembre. Si el Senado no lo trata antes de esa fecha, perderá estado parlamentario.
Según información reunida por la Agencia Noticias Argentinas, el texto quedó detenido en las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, presididas por los senadores libertarios Ivanna Arrascaeta, Nadia Márquez y Gonzalo Guzmán Coraita, quienes no convocaron a dictaminar.
La Libertad Avanza votó en contra en Diputados y logró postergar la iniciativa con acompañamiento de sectores del PRO, la UCR e incluso del peronismo, según reconstruyó elDiarioAR.
El Gobierno considera que el texto resulta demasiado restrictivo porque afecta “libertades comerciales, publicidad privada y competencias provinciales”. En la oposición señalan a las principales casas de apuestas —Betano, Betsson, Codere, BetWarrior y Bplay— por presionar para que el debate no se abra.
“Hay muchos intereses en juego en todos los partidos”, admitió un dirigente de peso del peronismo, incluido su propio espacio, según la información suministrada.
El juego online mueve en la Argentina al menos 2.500 millones de dólares anuales, de acuerdo con estimaciones de Cenital sobre datos de la AFIP, mientras que proyecciones privadas ubican el volumen del sector en torno de los 1.800 millones para este año.
Solo en la Provincia de Buenos Aires, los siete principales casinos online registraron ganancias mensuales por 1.656 millones de dólares, según el relevamiento del legislador Facundo Tinganelli.
La ley prohibiría publicidad, patrocinio y bonos de bienvenida, tres mecanismos centrales del modelo de negocios de operadoras habilitadas como bet365, Betano, Betsson, bplay, BetWarrior, Stake, Sportsbet y Codere, entre otras, que compiten por captación masiva en televisión, redes sociales e influencers.
El fútbol aparece como uno de los sectores alcanzados de lleno por el proyecto: Betsson paga 7,5 millones de dólares anuales por la camiseta de Boca hasta 2028, Betano fue naming sponsor de la Liga Profesional y patrocina a River, y BetWarrior llegó a ser sponsor oficial de la Selección.
El Estado también participa del negocio, ya que el impuesto indirecto a las apuestas online aportó 106.601 millones de pesos en los primeros ocho meses del año, con un récord mundialista en julio de 17.798 millones, un 35,5% más que en 2025.
“Los Estados suelen ser beneficiarios del negocio y el producido también financia a sectores de la política”, sintetizó La Nación en su editorial.
Las dos CTA señalaron que cada día que el Senado posterga el debate “convalida las ganancias millonarias de unos pocos grupos concentrados a costa del sufrimiento de millones de hogares”.
Frente a ese escenario, la Iglesia, con delegados de la Conferencia Episcopal recorriendo despachos senatoriales, y el bullrichismo, que analiza un proyecto propio, intentan mover una discusión que por ahora no reúne tiempo ni votos suficientes.
