Un proyecto de modificación de la normativa, que ya tiene media sanción del Senado, genera opiniones encontradas. Ambientalistas advierten sobre consecuencias económicas y fiscales, incluso para provincias sin glaciares como Santa Fe, mientras que los impulsores aseguran que es una aclaración que mantiene la protección.
El proyecto de reforma a la Ley de Glaciares, que obtuvo media sanción en el Senado y será tratado este miércoles en la Cámara de Diputados, continúa generando un intenso debate a nivel nacional. Mientras los impulsores de la iniciativa la presentan como «aclaratoria» y garantizan que la protección de los glaciares se mantiene intacta, voces opositoras y del ambientalismo advierten sobre posibles impactos económicos, fiscales y ambientales.
El diputado nacional santafesino Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, afirmó que el proyecto busca ser aclaratorio y llevó «tranquilidad» respecto a que la protección de los glaciares se mantiene. Sin embargo, desde otros sectores se cuestiona esta perspectiva.
Mirko Moskat, referente del Taller Ecologista, enumeró cuatro riesgos principales de una eventual reforma: la erosión de la normativa ambiental, el impacto económico y fiscal por futuros problemas hídricos, la «destrucción de la confianza institucional» y el debilitamiento de la posición argentina ante organismos internacionales.
Moskat destacó que, si bien los glaciares están en provincias cordilleranas, provincias como Santa Fe no quedarían ajenas a las crisis que pudieran generarse por su afectación. «Ya sea por el impacto económico que inevitablemente se traslade como por el costo fiscal de tener que atender estas crisis», explicó a medios locales. Además, se preguntó sobre el posible efecto en los precios de productos que llegan desde esas regiones en un escenario de crisis hídrica.
Por su parte, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), uno de los impulsores de las audiencias públicas sobre el tema, publicó una carta abierta pidiendo que no se acompañe la reforma. Ferraro argumentó que «los glaciares no son un recurso local», sino parte de sistemas hídricos complejos que sostienen economías enteras a cientos o miles de kilómetros de distancia, y que una porción significativa del territorio nacional depende de cuencas que se alimentan de agua glaciar.
El tratamiento del proyecto en Diputados promete seguir generando posiciones divergentes, en un debate que trasciende lo regional y pone en discusión la gestión de recursos hídricos a escala nacional.