Representantes del Observatorio de Pacientes (ODP) advierten sobre un cambio de paradigma en el proyecto de ley que modifica el sistema de discapacidad, con impacto en pensiones y prestaciones. Se conformó una mesa de trabajo para dialogar con el Estado.
Este lunes, en el Club Español de Santa Fe, representantes del Observatorio de Pacientes (ODP) llevaron adelante un encuentro de trabajo y análisis en relación al proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Senado. La iniciativa propone modificaciones estructurales al sistema de discapacidad en Argentina, con especial impacto en las pensiones por invalidez y el esquema de prestaciones vigente.
De la actividad participaron funcionarias y funcionarios públicos, referentes del ámbito de la salud, organizaciones sociales y actores de la comunidad. Durante la jornada se presentó un informe técnico donde se alerta sobre el impacto institucional, social y sanitario de la iniciativa. Además, se anunció la conformación de una mesa de trabajo permanente orientada a generar propuestas, articular acciones y promover el diálogo con los distintos niveles del Estado.
Mónica Lenoci, directora del ODP, advirtió sobre “un cambio de paradigma en el enfoque de la discapacidad, señalando un posible retroceso conceptual desde un modelo social, centrado en derechos, inclusión y autonomía, hacia un esquema de carácter médico-asistencial, asociado a la noción de invalidez”.
El proyecto de ley, presentado oficialmente como una herramienta para combatir irregularidades en el sistema, introduce cambios que van más allá del control. Se identificaron dos ejes principales: nuevas condiciones para acceder y mantener las pensiones no contributivas, y una transformación profunda del sistema de prestaciones a partir de la modificación del nomenclador nacional.
Entre los puntos más relevantes, Lenoci destacó “la incorporación de la incompatibilidad entre pensión por invalidez y empleo formal, una medida que podría desalentar la inclusión laboral”. Asimismo, agregó que “el texto del proyecto de ley prevé mecanismos de suspensión preventiva de beneficios ante inconsistencias detectadas en cruces de datos, lo que implicaría la interrupción del ingreso antes de que se evalúe cada caso en particular”.
Otro aspecto central fue la modificación del nomenclador, que actualmente fija valores de referencia para las prestaciones y establece un piso común para todos los financiadores. La iniciativa propone eliminar ese piso universal, habilitando que cada obra social, prepaga o jurisdicción defina de manera independiente los valores de cobertura. Esto podría generar desigualdades territoriales, afectar la calidad de las prestaciones y aumentar la litigiosidad.
Durante el encuentro también se abordaron las posibles consecuencias en términos de financiamiento, advirtiendo sobre una eventual transferencia de responsabilidades hacia provincias y municipios. Esto impactaría en la capacidad de respuesta de los sistemas de salud locales, generando mayores niveles de demanda y presión sobre los servicios públicos.
En el plano social, los participantes coincidieron en que las modificaciones planteadas podrían incidir directamente en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y sus familias, afectando la continuidad de tratamientos, las condiciones de acceso a prestaciones y los procesos de inclusión.
Como resultado de la jornada, se acordó la conformación de una mesa de trabajo permanente. Además, surgió el compromiso de impulsar acciones conjuntas con la Legislatura de la provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, con el objetivo de evaluar el impacto del proyecto en el territorio y contribuir a una respuesta integral que contemple los derechos y necesidades de la población involucrada.
El debate legislativo de esta iniciativa será clave para el futuro del sistema de discapacidad en Argentina y para miles de personas que dependen de estas políticas en todo el país.