El jefe de Gabinete quedó bajo la lupa judicial por inconsistencias en su patrimonio, viajes en aviones oficiales y privados, y pagos en efectivo por reformas en una propiedad.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es investigado por la Justicia federal por presunto enriquecimiento ilícito. La causa, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, suma nuevos elementos vinculados a viajes, propiedades y remodelaciones pagadas en efectivo.
Uno de los puntos centrales es la remodelación de una vivienda en el country Indio Cua, adquirida por Bettina Angeletti, esposa del funcionario. Según declaró el contratista Matías Tabar, la obra costó unos 245 mil dólares y fue abonada en efectivo. Entre las reformas mencionó la instalación de jacuzzi, pileta con cascada y otras mejoras. La propiedad no figuraba inicialmente en la declaración jurada de Adorni y fue incorporada en una rectificación posterior, cuando la causa ya estaba en marcha.
En su última declaración jurada, Adorni informó un patrimonio de 107,9 millones de pesos al cierre de 2024, frente a los 61 millones declarados al asumir. Sin embargo, también aumentaron significativamente las deudas declaradas.
La investigación también se centra en viajes realizados por el funcionario y su entorno. En marzo de este año, su esposa viajó a Nueva York en el avión presidencial durante una gira oficial, lo que generó polémica porque desde 2024 el gobierno prohibió el uso de aeronaves oficiales para viajes particulares. Adorni aseguró que “Presidencia la invitó”.
Otro viaje bajo análisis es un fin de semana en Punta del Este en avión privado junto a su familia, contratado por un periodista amigo cuya productora tiene contratos con la TV Pública. Adorni sostuvo que pagó su parte, pero declaraciones judiciales contradicen esa versión. También se investiga un viaje a Aruba entre fines de 2024 y comienzos de 2025, ocurrido días después de que el propio Adorni comunicara el pedido de austeridad del presidente Javier Milei.
Además, la Justicia analiza la compra de un departamento en Caballito por 230 mil dólares, con una hipoteca privada sin intereses. El expediente busca determinar si hubo irregularidades en la valuación y en las reformas previas.